El Gobierno adaptará la resolución de planes de formación de empleo tras un requerimiento de incompetencia de la Xunta

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un acuerdo por el que se adaptará a la jurisprudencia constitucional la próxima convocatoria de las subvenciones referida a la financiación de planes de formación, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Esta decisión responde a un requerimiento de incompetencia formulado por la Xunta de Galicia formulado en relación con la resolución del Instituto Nacional de Administración Pública, del 27 de diciembre de 2012, por la que se convocaban para el ejercicio 2013 subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación.

Así, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un acuerdo en el que argumenta que, con posterioridad a la aprobación de la convocatoria, el Tribunal Constitucional establece unos criterios de aplicación en esta materia, en especial en una sentencia al respecto de 2013.

Estos criterios, en materia de ayudas a formación de personal de entidades locales, apuntan que las comunidades tienen competencias ejecutivas "salvo que el Estado demuestre la procedencia de la gestión centralizada".

Así, en relación con la resolución que fue objeto de requerimiento por parte del Gobierno gallego, "se estiman incluidos en el ámbito de actuación estatal" los supuestos de promoción de la Administración estatal en los términos previstos por la jurisprudencia del Constitucional.

En este sentido, pone como ejemplo lo relacionado a la formación de los funcionarios pertenecientes a cuerpos locales con habilitación estatal o las ayudas correspondientes a las organizaciones sindicales de carácter supraterritorial.

ADAPTACIÓN

En todo caso, y a la vista de la "muy reciente jurisprudencia constitucional", el Gobierno ha resuelto este viernes "comprometerse a adaptar" a esa doctrina del TC "la próxima convocatoria de las subvenciones" referidas a la resolución.

Asimismo, en el caso en que el Estado otorgase un determinado porcentaje de estas ayudas, el Gobierno garantiza "la participación" de las comunidades autónomas mediante un "acuerdo" con ellas.