Prevé invertir 1.900 millones de euros para desarrollar nuevos servicios electrónicos a partir de 2008
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, aprobó hoy el proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, una norma que establece el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizarlo.
La ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales, se aprueba con el apoyo de numerosas Comunidades Autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones.
El Consejo Asesor de Administración Electrónica, órgano en el que hay representantes del sector privado, de los usuarios y del ámbito docente y jurídico, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma "responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos".
Cuando esta norma entre en vigor, los ciudadanos tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año. A partir de ese momento serán ellos los que tomen el mando en su relación con las administraciones.
La ley beneficiará a los ciudadanos ya que ahorrarán tiempo y dinero en sus gestiones. En este sentido, la Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevos servicios electrónicos a partir de 2008.
GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Entre otras cosas, la nueva norma garantizará el acceso a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro y la consulta del estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha, y evitará, además, tener que presentar papeles que ya estén en poder de las administraciones.
Del mismo modo, la futura ley establecerá que las comunicaciones electrónicas tengan la misma validez jurídica que las que se realizan en papel, lo mismo que realizar un trámite o recibir infrormación a través de Internet o un teléfono.
Además, el Ministerio de Administraciones Públicas explica en un comunicado que la norma ofrecerá todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad, al tiempo que permitirá la utilización de los idiomas cooficiales para comunicarse con las administraciones.
Esta ley situará a España a la altura de la de los países más avanzados en esta materia. Actualmente, sólo cinco países cuentan con una normativa que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.
