Gobierno de Canarias pide fraccionar en 5 años el pago de los 101 millones de la sentencia del 'caso Tebeto'

Actualizado: martes, 21 julio 2009 18:12

Marrero confía en que el Ejecutivo no deba abonar la cifra mañana

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha informado hoy de que el Consejo de Gobierno, reunido en Santa Cruz de La Palma, ha acordado solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) el "fraccionamiento en cinco años de la cantidad a pagar por la sentencia a raíz de la explotación minera que no se inició en Tebeto (Fuerteventura)".

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictó a principios de mes una providencia en la que obliga al Ejecutivo a consignar 101.132.904 euros en un plazo de quince días como consecuencia del conflicto judicial que mantiene con la empresa Canteras Cabo Verde dentro del 'caso Tebeto' en Fuerteventura.

Marrero detalló en rueda de prensa que la decisión del Gobierno está basada en un informe de la Consejería de Economía y Hacienda "en la que se justifica el fraccionamiento del pago de los 101 millones porque su abono inmediato causaría un grave quebranto a las arcas autonómicas y más en un contexto de crisis económico donde podrían resentirse los servicios públicos esenciales".

El portavoz del Ejecutivo recordó que la decisión del Consejo se produce un día antes de que se cumple el plazo de la providencia, que era el día 22 de julio. Además explicó que "los servicios jurídicos del Gobierno demandan el fraccionamiento 'en todo caso' en cinco años porque ya habían presentado un recurso de súplica contra la providencia en la Sala solicitando la anulación de la ejecución provisional y, de no ser así, se pudiera pagar en tres meses y no en 15 días". "Son acciones complementarias", dijo.

"El Gobierno se basa en el artículo 106, apartado 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, donde se contempla que en ocasión de grave quebranto la administración puede ponerlo en conocimiento del juez, acompañado de una propuesta razonada de cómo resolver la situación". "Cinco años es un plazo razonable para el pago de los 101 millones de euros", apostilló.

Por último, Marrero indicó que la solicitud se ha realizado dentro de plazo y que cree que el Gobierno no tendrá que abonar la cifra porque ahora la Sala del TSJC tendrá que pronunciarse al respecto de la petición del Ejecutivo.