Intentará "periodificar" el pago
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, garantizó hoy que el Ejecutivo regional no eludirá la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que le obliga a consignar 101.132.904 euros en un plazo de quince días como consecuencia del conflicto judicial que mantiene con la empresa Canteras Cabo Verde dentro del 'caso Tebeto' en Fuerteventura.
En una comparecencia pública tras reunirse con representantes del PP en el Cabildo grancanario, el también presidente del PP en las islas incidió en que su departamento está llevando a cabo las gestiones para "garantizar que llegado el momento se pueda efectuar el pago de esta cuantía que es muy alta y que hace un daño grande y notario a las finanzas de la comunidad autónoma".
Reiteró que el Gobierno canario "tiene que cumplir con las resoluciones judiciales". "No vamos a eludir ese cumplimiento, ahora bien si podemos atenuar, flexibilizar y periodificar ese cumplimiento lo vamos a hacer", apostilló.
RETENCIONES DE GASTO PÚBLICO
En este sentido, indicó que la Consejería de Economía y Hacienda está "escudriñando los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2009 para hacer retenciones de gasto público de tal forma que créditos que están consignados en las distintas secciones del presupuesto de la Comunidad Autónoma en gastos destinados a una determinada finalidad se dejen de utilizar para poder usar esos recursos para poder conformar esa cuantía de 101 millones de euros".
No obstante, añadió que dicha consejería está realizando también gestiones para determinar "si la cuantía se puede periodificar en el tiempo puesto que supone un quebranto muy fuerte para la Comunidad Autónoma".
Agregó que "en estos momentos está cayendo la recaudación, los ingresos y determinados gastos como los gastos sociales en este contexto se resisten a bajar".
Reconoció que "hay decisiones que se toman por políticos o por funcionarios que al final se traducen en un coste elevadísimo para las arcas públicas y nadie responde". "Eso no está reglado en la actualidad y yo creo que debería reglarse", aseveró.
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