El Gobierno de Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional por la entrada masiva

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CEUTA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para investigar los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma a través de la frontera del Tarajal.

Según ha informado el Ejecutivo local, la decisión responde a la necesidad de defender los intereses de la Ciudad ante unos acontecimientos que, a su juicio, afectaron de manera "directa y grave" a bienes e intereses públicos de Ceuta.

El Gobierno ceutí sostiene que la entrada masiva de migrantes tuvo un impacto relevante en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, así como en el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, que se vio sometido a una fuerte presión por el incremento de llegadas.

La Ciudad considera que su personación en el procedimiento judicial permitirá defender los derechos de las víctimas de los hechos investigados, que identifica con "el pueblo de Ceuta", además de velar por los intereses institucionales de la administración local.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico entiende que su participación en la causa facilitará la adecuada valoración de los perjuicios sufridos por la Ciudad y por los servicios públicos afectados durante la crisis migratoria registrada a finales de julio.

El Gobierno de Ceuta también ha señalado que la personación como acusación particular permitirá impulsar, en su caso, la exigencia de las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse de los hechos que investiga la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta durante los últimos días de julio, un episodio que obligó a activar dispositivos extraordinarios de atención, seguridad y acogida en la ciudad autónoma.