CEUTA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta consideró hoy "un avance" la propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas para aumentar su participación en la gestión de Urbanismo y políticas sociales. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha calificado en rueda de prensa como "un avance en la conciliación de los objetivos" la propuesta que ayer les trasladó a él y a su homólogo melillense, Juan José Imbroda, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Vivas ha confirmado que el documento, cuyos detalles no reveló, ofrece a las ciudades autónomas mayor participación en la gestión de las políticas sociales y limita el control de los ejecutivos locales sobre el Urbanismo, cuyas competencias les fueron retiradas en 1999.
"Se nos ha transmitido que el Gobierno central comparte en gran medida los objetivos de Ceuta y Melilla", ha explicado Vivas, quien ha asegurado que su gabinete trabaja en colaboración con el melillense "con cautela y moderación" sobre la contrapropuesta que Sevilla les pidió que le entreguen la próxima semana con el fin de lograr un acuerdo definitivo antes de final de año.
El presidente ceutí ha concretado que el documento ofrece "fórmulas" para facilitar la cogestión de las políticas activas de empleo e Imserso (incluidas mayores aportaciones presupuestarias para la asistencia a menores), mientras que en materia urbanística aboga por la búsqueda de "soluciones alternativas" tras la reciente sentencia en contra del Tribunal Constitucional que permitan la devolución de al menos una parte de este ámbito de gestión.
"El Ministerio propone un sistema alternativo que limitaría la capacidad del Gobierno de la Nación en relación con determinados planes, aumentando la capacidad de desarrollo normativo del propio Plan General de Ordenación de Ceuta, abordando cuestiones que en otra parte del territorio estarían sometidas a reserva de ley", ha puntualizado Vivas, quien ha añadido que "el informe vinculante que ahora debe emitir el Gobierno central sobre los planes de ordenación que no son competencia del Estado se circunscribiría a asuntos de estricta legalidad o que afecten a los intereses generales del Estado".
De ratificarse, esta fórmula podría incluirse en el proyecto de Ley del Suelo que actualmente se debate en las Cortes.
