MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este martes en el Senado que se han concedido más de 100 pensiones destinadas a personas que por "el mero hecho" de ser homosexuales sufrieron penas de cárcel durante el franquismo, y que doce de ellas han sido otorgadas en los últimos meses.
Así se ha pronunciado durante una interpelación del senador del PNV Jokin Bildarratz sobre la ejecución de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron la persecución o la violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
El responsable de Justicia ha afirmado que se seguirá indemnizando a familiares de quienes fallecieron en defensa de la democracia, una partida a la que ya se han dedicado 3 millones de euros desde 2009. Ha aludido a los 25 millones que han tenido como objeto la investigación de fosas.
Ha recordado el mapa de fosas con la localización de 2.380 fosas que puede ser consultado en la página web de su departamento. A su juicio, la aminoración de las visitas de esta herramienta responde a la menor demanda y no la menor actividad de la Administración.
Además, se continúan tramitando las declaraciones de reparación personal, que alcanzan las 301 durante el Gobierno del PP. "Hace unos días tuve el honor y la satisfaccion de firmar 27 de estos documentos, de gran valor moral para la víctimas", ha remachado.
ESPAÑA, PIONERO EN REPARAR A LAS VÍCTIMAS
"Si hay si hay un Estado que puede considerarse pionero en el papel reparador de las víctimas", ha señalado Catalá, que ha destacado que los informes facilitados a la ONU revelan la voluntad del Gobierno de "colaboración y transparencia renovada" como demuestra la respuesta de la representante española en la oficina de Naciones Unidas.
Finalmente, ha mencionado la Ley 21/2005 de restitución a la Generalitat de Cataluña de documentos incautados durante la Guerra Civil custodiados en el Archivo General, que prevé la posibilidad de devolver información a otras comunidades.
En este sentido, ha explicado que el Gobierno vasco solicitó documentación perteneciente al PNV en 2011 y que luego pidió otra sobre el lehendakari José Antonio Aguirre, que ahora el Centro Documental de la Memoria Histórica ha respaldado. "Como dijo el presidente Suárez, la concordia fue posible y siempre es posible", ha concluido.
