El Gobierno critica que las fundaciones puedan fijar sus condiciones retributivas cuando se financian con dinero público

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 21 junio 2013 23:17

Ve necesaria una nueva Ley de Fundaciones que garantice su control económico y regule la selección de personal


MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno critica que las fundaciones puedan fijar sus condiciones laborales y retributivas cuando se financian mayoritariamente con dinero público. Es uno de los reproches que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas hace a la normativa que regula estas entidades públicas y que ve necesario modificar para mejorar su control económico y financiero y regular la selección de personal y sus condiciones.

Así consta en el informe aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para la reforma de las Administraciones Públicas, en el que se dedica un capítulo al análisis de la situación de las 48 fundaciones que hay en la actualidad en el sector público.

El documento considera que, en la actualidad, el contenido de la ley es "escaso y notoriamente insuficiente para abordar la problemática de las fundaciones". Algunas de las consecuencias es que la iniciativa para su constitución ha sido "indebidamente usada y con evidentes olvidos en el control de su gestión".

"ACTIVIDADES DE DUDOSO ENCAJE EN LA LEY"

Además, achaca a esta regulación "insuficiente" el "amplio uso de esta figura" por parte de las Administraciones Públicas y el ejercicio por parte de algunas de ellas de "actividades de dudoso encaje" en la ley de fundaciones.

Por lo que se refiere a su constitución, detecta "inconvenientes" en la "importancia" que se otorga a las funciones atribuidas al protectorado y al carácter de "autoridad" que se da a los patronos. En concreto, apunta a la "desconexión o falta de conocimiento real de los patronos sobre las actividades que lleva a cabo la dirección o gerencia de las fundaciones, que es a quien corresponde la gestión efectiva". También cuestiona el régimen de responsabilidad que la ley impone a los patronos.

El capítulo de la gestión económica y financiera también plantea dudas a la comisión. En concreto, del total de 48 fundaciones que hay en 2013, están sujetas a auditoría de cuentas y/o de cumplimiento 30 entidades y sometidas a auditoría privada otras 12, mientras que del resto no se dispone de información o no son objeto de control.

"CONTROL TARDÍO"

A juicio de la comisión, "la efectividad de estos controles puede ser insatisfactoria, pues se desarrollan a posteriori, ya que el control por incumplimiento de normas reguladoras puede ser tardío". En el informe, apunta a la necesidad de "plantearse si todas aquellas normas exigibles a la Administración pública destinadas a dar un efectivo cumplimiento a los principios de eficacia y economía son o no exigibles a las fundaciones del sector público".

En su opinión, las fundaciones deben hacer su "referente" en la normativa que se aplica a las Administraciones Públicas, para poder "lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público".

Por lo que se refiere a la gestión de personal, la comisión cree necesario "cambiar íntegramente" la regulación para "adaptarla a una realidad de servicio público impensable a partir de la Ley de Fundaciones".

Y critica por no ser "coherente" ni "adecuada" la posibilidad de que las fundaciones públicas seleccionen autónomamente su personal "e incluso fijen sus condiciones laborales y retributivas", teniendo en cuenta que "su financiación es mayoritariamente pública" y además su finalidad fundacional y buena parte de sus actividades se desarrollan "con instrucciones de patronatos formados por representantes ministeriales".

Ante este panorama, la comisión propone una nueva normativa que reconsidera "los objetivos y las actividades de las fundaciones", para eliminar "algunos elementos que han incentivado su constitución".

Además, considera que la ley debería establecer una estructura presupuestaria común para todas las fundaciones; garantizar el control económico-financiero de su actividad, mediante un sistema "permanente"; incorporar un régimen de selección de personal y modificar el reglamento de la relación de puestos de trabajo y crear un régimen de contratación de las fundaciones.