El Gobierno da luz verde al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica que evitará duplicidades

Soraya Saénz de Santamaría
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 7 junio 2013 18:08

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se regula el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, cuyo objetivo es lograr la interconexión informática de los juzgados de toda España mediante el desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS).

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica se enmarca dentro del Plan de Reforma de las Administraciones Públicas puesto en marcha por el Gobierno y que previsiblemente se presentará a finales de este mes.

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha señalado que el citado Comité se crea, entre otras cosas, para unificar los diferentes sistemas electrónicos que existen en la Administración de la Justicia y que actualmente crean problemas de duplicidades e incompatibilidades. "Se busca un uso racional y eficiente de los recursos humanos y tecnológicos disponibles", ha matizado.

De este modo, el nuevo Comité, que estará copresidido por el secretario de Estado de Justicia y un vocal del órgano de gobierno de los jueces en turno rotatorio por periodos bianuales, supone dar un paso más en la modernización e interconexión informática de los juzgados de toda España. Este órgano estará compuesto asimismo por representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el CGPJ y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

La regulación del Comité estaba ya prevista en la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, de 2011. Dicha Ley fijaba su puesta en marcha mediante Real Decreto tras recibir los informes correspondientes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.