MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera idónea la elección del ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres como representante español en el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y, pese a que ha sido cuestionado por partidos de la oposición y asociaciones contra la tortura por su papel frente a las investigaciones del 'caso GAL', el Ejecutivo defiende el nombramiento destacando la "competencia" y la "integridad moral" del elegido.
La propuesta de nombrar a Leopoldo Torres, fiscal general del Estado con el Gobierno de Felipe González (1990-1992) y después defensor de altos cargos de aquel Ministerio del Interior, ya suscitó hace meses las protestas de ONG's como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y partidos políticos como el BNG e IU-ICV.
El pasado mes de enero, siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, el Gobierno ya defendió su propuesta como "idónea" y recalcó ante el BNG que Torres fue el "segundo candidato que más votos obtuvo" entre los Estados representados en ese Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En una nueva respuesta parlamentaria del Gobierno, esta vez a instancias de IU-ICV y ya con Mariano Fernández Bermejo en Justicia, el Ejecutivo ha reafirmado su defensa del nombramiento de Leopoldo Torres destacando su "reconocida competencia" y su "integridad moral".
"EL PASADO NO IMPLICA FALTA DE INDEPEDENCIA".
Es más, recalca que los diez miembros de este subcomité, con independencia de los cargos que hubieran desempeñado antes, deben declarar, antes de tomar posesión, que van a actuar a título personal, con independencia e imparcialidad. "Las funciones ejercidas con anterioridad no implican automáticamente una falta de independencia e imparcialidad", insiste el Gobierno en su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press.
El Gobierno señala además que el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la tortura, ratificado por España en abril de 2006, también establecía que "los Estados partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención" de la tortura y "tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del mecanismo nacional de prevención tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales requeridos".
Leopoldo Torres, cuyo mandato será de cuatro años, fue durante 16 años miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, órgano similar al de la ONU y del que llegó a ser vicepresidente, y durante siete años fue juez 'ad hoc' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Antes de su nombramiento destacó como abogado de la viuda de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Bagdad en 2003, y a su iniciativa se debe que la Audiencia Nacional solicitase en un primer momento la detención de los militares estadounidenses que dispararon el tanque que causó la muerte del informador español.
