El Gobierno ha defendido este viernes que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, imputado en un caso de captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana (Huelva), "no tiene cuentas pendientes con la justicia" y ha asegurado que cuenta con la "plena confianza" del Ejecutivo. "No tiene ninguna cuenta pendiente, así que el Gobierno, el Consejo de Ministros y el presidente tienen toda la confianza en el ministro Luis Planas, porque es una persona y un ministro absolutamente de garantía, que ha trabajado siempre en el servicio público con excelentes resultados", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra de Educación y Formación Profesional ha explicado que el asunto se remonta a los años 90, cuando la finca Matalagrana fue cedida por la Junta de Andalucía al ayuntamiento de Almonte, que la cedió a su vez a agricultores locales, a los que la Guardia Civil levantó expediente por supuestos riegos ilegales. En el procedimiento judicial del caso fueron citados los agricultores, los alcaldes concernidos y varios funcionarios, además del consejero Luis Planas. El hoy ministro, ha subrayado la portavoz, aportó entonces "toda suerte de explicaciones" hasta el punto de que la Fiscalía "ha asumido que el ministro no era ni competente, ni intervino en ningún expediente no tenía conocimiento de los hechos". "Así que sabemos que no se va a acusar a Planas (la Fiscalía ya ha avanzado esta decisión) puesto que la Fiscalía ya dijo desde un inicio que no tenía ni siquiera relación con los hechos, ni intervino ni tenía conocimiento de los hechos", ha incidido. A pesar de que se le preguntó en repetidas ocasiones, la portavoz no ha aclarado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor de la imputación de Planas cuando le ofreció ser ministro. Tampoco ha señalado si Sánchez le cesaría o le mantendría en el Gobierno en caso de que permaneciese imputado y fuera a ser juzgado, dado que esa hipótesis no está sobre la mesa al haber avanzado ya la Fiscalía, única acusación personada en el caso, que no piensa acusarlo. La portavoz sí ha querido destacar en cambio cómo este Gobierno ha demostrado que tiene un nivel de exigencia ética para con sus cargos "altísimo", como ha quedado patente con la resolución rápida de la crisis suscitada por el fraude a Hacienda cometido por el ya ministro cesado de Cultura, Màxim Huerta. Celaá ha puesto en valor que el presidente Sánchez resolviera el relevo en Cultura en tan sólo "12 horas", lo que sitúa a España "a la altura" de las democracias europeas más exigentes. "La ciudadanía ve cómo sus representantes políticos dan cuenta de sus responsabilidades políticas ante la sociedad", ha destacado.