MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado ha demandado al ayuntamiento de Mondragón que trataba de soslayar, al menos en parte, la ilegalización de ANV. Según fuentes de Justicia, consultadas por Europa Press, la demanda del servicio jurídico del Estado se ha producido por la modificación del reglamento municipal que da el pase al Grupo Mixto a los concejales de la formación ilegalizada Acción Nacionalista Vasca.
Tras la decisión de los tribunales de ilegalizar ANV, algunos de los municipios gobernados por esta formación, unos cuarenta, adoptaron diversos acuerdos con el fin de evitar las repercusiones que suponía la ilegalización, en su mayoría económicas. Así, en algunos casos se subieron las retribuciones, aumentando las dietas o remunerando de forma individual por conceptos como ser presidente de comisión. De esta forma lograban compensar las cantidades que perdieron al haber sido disueltos como grupo.
Uno de los primeros municipios en el que sus concejales acordó incrementar su retribución fue el de Mondragón, aunque después le siguieron otros. No todos han utilizado las mismas fórmulas, aunque el resultado ha sido el mismo: compensar las pérdidas por la desaparición del grupo ANV. Según las fuentes consultadas por Europa Press, hay al menos una docena de ayuntamientos --entre ellos, Vergara, Azkoitia, Legazpia, Soraluce, Usurbil-- que dieron este paso.
Pero en el caso de Mondragón, los ediles de ANV decidieron crear un Grupo Mixto y se pasaron todos a él y además, modificaron las bases de ejecución del presupuesto, así como el reglamento municipal. Unos cambios que quedaron definitivamente aprobados el 18 de septiembre con los votos en contra de PSE y PP.
COMPENSACIONES DE SUELDO EN, AL MENOS, UNA DOCENA DE PUEBLOS
La consecuencia en Mondragón fue que los concejales de ANV pasaron a cobrar unos 240 euros más al mes, como 'plus' por presidir comisiones, con lo cual, la retribución mensual se fijó en 1.090 euros, frente a los poco más de ochocientos que cobraban antes.
El texto aprobado en Mondragón analizaba el informe municipal sobre "las consecuencias jurídicas y económicas" derivadas de la aplicación del auto judicial del 8 de febrero de 2008, por el que se consideraba que el grupo de ANV quedaba "judicialmente suspendido".
En el documento se destacaba que la regulación general vigente en materia de derechos económicos de los órganos de gobierno parte "del respeto al principio de autonomía y capacidad de autoorganización de cada grupo municipal, al entender que corresponde a los mismos decidir sobre la forma concreta como debe utilizarse la asignación económica aprobada en los presupuestos municipales".
"Desde esta perspectiva, se considera que lo lógico y conveniente es aprobar una modificación específicamente destinada a dar respuesta exclusivamente a la problemática de los concejales afectados por la suspensión del grupo dispuesta en el auto judicial", añadía el texto, que precisaba que "la medida de suspensión no afecta a las actividades que, como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños, puedan ostentar personas integradas en la formación política ANV, por lo que, en consecuencia, deberán respetarse los derechos políticos y económicos inherentes al ejercicio del cargo de concejal".
La Abogacía del Estado analizó las decisiones adoptadas por este municipio gobernado por ANV y, finalmente, optó por presentar una demanda en los juzgados de Guipúzcoa para recurrir la modificación del reglamento municipal de Mondragón, por la que se daba el pase al Grupo Mixto de los concejales de la formación ilegalizada.
Según la sentencia de ilegalización, los concejales de una formación ilegalizada pueden seguir trabajando como tales, pero sin adscripción alguna a un grupo.
Las fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la Abogacía ha analizado también los casos de otros municipios gobernados por ANV han tratado de soslayar la sentencia de ilegalización.
Así, ha habido casos en los que los ayuntamientos gobernados por ANV han disuelto el grupo y sus concejales han pasado a ser "no adscritos", pero también se han subido las retribuciones mediante diversas fórmulas.
En unos casos ha habido incrementos de asignación al alcalde; en otros, el pago de dietas y en algunos casos, con asignaciones para asesoría. Cosas similares han ocurrido en pueblos como Azkoitia, Legazpi, Soraluce, Urretzu, Usurbil, Villabona o Zumaya. Sin embargo, no en todos los casos se ha realizado de la misma manera y, por lo tanto, no todos son susceptibles de recurso.
