Alcaraz considera "un fraude" el contenido de la ley de víctimas, que ve como un intento de "maquillaje" para conseguir "réditos políticos"
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha adelantado este jueves que España contará con "uno de los mejores" sistemas de protección a las víctimas del terrorismo gracias a la nueva ley que se está tramitando en el Congreso. Mientras, las principales asociaciones han insistido en reclamar que el preámbulo del texto incluya una prohibición expresa de negociación con organizaciones terroristas.
Uribes ha detallado ante la Comisión de Interior del Congreso las principales novedades del borrador de la proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y ha adelantado que, tras su paso por las Cortes Generales, se convertirá en "uno de los mejores sistemas de protección y reconocimiento a las víctimas del mundo".
Para ello, ha explicado que el texto trata de hacer justicia al pasado pero también mirar al futuro para "resolver todas las lagunas e incoherencias" que se han detectado con la experiencia, algo que tiene su punto de partida en el carácter integral de la ley y el dispositivo de protección social que incluye para las víctimas desde el momento del atentado.
El responsable del Ministerio del Interior también ha destacado otros aspectos como la ampliación del ámbito temporal a enero de 1960, el sistema indemnizatorio "más racional y más justo", la definición de víctima del terrorismo o la protección a sus familiares directos y el reconocimiento del movimiento asociativo, entre otros muchos aspectos.
El diputado del PSOE Antonio Hernando ha coincidido en destacar estas novedades y también ha subrayado que el sistema español es tomado como ejemplo en el ámbito internacional. Además, ha reconocido que sufrirá una sustancial mejora con esta nueva ley y ha msotrado su disposición a incluir las modificaciones necesarias durante su paso por las Cortes Generales.
Por su parte, la diputada del PP Soledad Becerril ha celebrado el texto --aunque ha precisado que ningún asunto relacionado con terrorismo puede ser calificado como "bueno"--, pero ha pedido que se recapacite sobre algunos asuntos, como el lenguaje utilizado en el desarrollo de la ley o la información a las víctimas sobre la situación legal de los terroristas.
Su compañero 'popular' Ignacio Cosidó ha subrayado la importancia de definir la derrota del terrorismo y por ello ha expuesto que su partido la entiende como "algo más que el fin de la violencia terrorista". "Implica también la derrota de los fines y objetivos políticos que se perseguían con esos asesinatos, no podemos en ningún caso dejar que en la paz los terroristas logren lo que no han conseguido a través del ejercicio del terror", ha argumentado.
DEBATE SOBRE LA PROHIBICIÓN DE NEGOCIAR
Ante la Comisión de Interior también ha comparecido la responsable de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, quien considera la ley una "brillante culminación" del proceso de reconocimiento a las víctimas. Sin embargo, ha reclamado que se haga una apuesta "más decidida" para resolver las diferencias y agravios comparativos entre las víctimas.
Lasa también ha aprovechado su intervención para reconocer que no apoya la petición de algunas asociaciones de víctimas para que la ley incluya la prohibición de negociar con organizaciones terroristas y ha recordado que los poderes públicos son los únicos responsables del diseño de las políticas antiterroristas.
"No hay paradoja ni contradicción entre la defensa a las víctimas y la adopción de medidas que, dentro del escrupuloso respeto ley, puedan adoptar los poderes públicos en cada momento en aras del bien común", ha sostenido.
A su juicio, en el final de ETA, las víctimas deben ser "los notarios" de la deslegitimación de la violencia y sentirse de esta forma "partícipes" de este proceso. "Las víctimas del terrorismo deben verificar las condiciones escritas, si falta alguno de sus principios las víctimas no otorgarán su plácet a una paz que no sienten como suya", ha explicado.
PETICIONES DE LAS ASOCIACIONES
La voz más crítica la ha puesto el ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y actual presidente de la Asociación Verde Esperanza, Francisco José Alcaraz, quien no ha dudado en calificar la ley como un "fraude" en sus aspectos económicos y sociales y ha manifestado su temor de que sea únicamente un intento de "maquillaje" para la consecución de "réditos políticos".
Alcaraz, que ha acusado a los grupos parlamentarios de intentar "acallar" su voz y ha censurado que el Ministerio del Interior no haya tenido ningún contacto con él, ha resumido sus principales reivindicaciones en la prohibición de negociación, la derogación de la resolución del Congreso que permite negociar con terroristas y la obligación de colaboración en los procesos judiciales. "Aunque somos bastante pesimistas y desconfiamos en la voluntad de la Cámara para que estos puntos sean incluidos en la ley", ha reconocido.
También han reclamado que se incluya en el preámbulo del texto la prohibición de negociación la representante de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, y el director del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Cayetano González, quien ha insistido en que las víctimas piensan que no se ha llegado hasta aquí para que ETA se salga con la suya", algo que sucedería "si consigue la más mínima concesión por dejar de matar".
En su intervención, González ha defendido que la mejor reparación que pueden recibir las víctimas no es la de tipo económico o asistencial, sino la derrota de "sus verdugos", y ha recordado que las víctimas sólo quieren justicia y que se termine con el terrorismo, no "venganza ni revancha".
Una intervención muy dura ha llegado de la mano del presidente del Colectivo ARCO de Víctimas de Terrorismo del País Vasco, Rafael Marcos Aranda, que ha criticado la retirada de escoltas a víctimas del terrorismo. "Dentro de la propia estructura del estado, dentro del Ministerio del Interior, hay cooperantes necesarios para vulnerar la dignidad de las víctimas", ha denunciado.
Según ha censura, muchas víctimas se han quedado sin protección "por motivos exclusivamente económicos" y tienen que sufrir diariamente "malas miradas, malas palabras, vejaciones, insultos e incluso agresiones", por lo que ha pedido que se reclame al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que explique esta medida en el Congreso.
