MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha iniciado el proceso de simplificación normativa con la aprobación de un real-decreto que deroga "total o parcialmente" determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios.
De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que este decreto es el "primero de muchos que le seguirán", ya que la simplificación legislativa para evitar la confusión es una de las tareas en las que está trabajando la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que entregará sus trabajos en junio.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha explicado que se ha encargado a distintos ministerios que "procedan a aprobar normas exclusivamente derogatorias de aquellas que no lo están formalmente pero que no tienen ya efectos en nuestro ordenamiento jurídico".
"Eliminamos reglamentaciones obsoletas e iniciamos una senda que constituye uno de los elementos clave del informe que presentará la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que pasará por la vía de menos y mejores normas", ha enfatizado.
NORMAS DE LOS AÑOS 70 Y 80
En concreto, el decreto aprobado hoy para derogar "total o parcialmente" determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios persigue adaptar definitivamente la normativa nacional a los objetivos fijados en la normativa comunitaria de higiene de los alimentos.
Además, se procede a suprimir de la normativa alimentaria todos aquellos preceptos redactados como fórmulas-tipo de carácter general que en las actuales circunstancias regulatorias han perdido todo su sentido.
Sáenz de Santamaría ha señalado que, aunque se han aprobado desde el 2004 normas sobre producción y comercialización de alimentos, han seguido vigentes reglamentaciones de los años 70 y 80 que "nunca" se habían derogado. Según ha añadido, ese "solapamiento" y "barullo normativo" ha derivado en "obstáculos" a la libre competencia o "distorsión" entre los operadores españoles y los del resto del mundo.