El Gobierno pide que no se suspenda el acceso al voto a las personas con la nacionalidad por la 'ley de nietos'

 MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

   La Abogacía del Estado ha pedido este lunes en el Tribunal Supremo que no se aplique la suspensión cautelar reclamada por Vox e Iustitia Europa de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la llamada 'ley de nietos', porque vulneraría el "derecho del sufragio activo, derecho fundamental reconocido en la Constitución".

   "¿Cómo podría privarse de derechos judiciales a personas que han adquirido una nacionalidad por actos administrativos firmes?", ha exclamado la abogada del Estado en una vista pública convocada por el alto tribunal para analizar los presuntos efectos electorales que provocaría la disposición de Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados.

   El Supremo acordó abrir una pieza separada de medidas cautelares para estudiar la suspensión solicitada y acordó solicitar a la Junta Electoral Central (JEC) que remitiera el expediente administrativo correspondiente, después de que la organización Iustitia Europa interpusiera un recurso contra una resolución de la JEC, que rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA.

   La representación de Gobierno ha alegado que la inscripción al CERA es "simplemente es una consecuencia ulterior de esta fecha de adquisición de nacionalidad".

    La abogada del Estado ha acusado a Vox y a Iustitia Europa de "desviación procesal", argumentado que, en todo caso, el recurso debería dirigirse "contra la adquisición de la nacionalidad, pero no contra sus consecuencias legales, como es la inscripción al CERA", por lo que considera que el recurso es inadmisible.

   La defensa del Gobierno ha recordado que la inscripción al censo electoral "no incluye el modo de adquisición de la nacionalidad", y ha acusado a la parte recurrente de querer que se marque la diferencia con "aquellos españoles que han adquirido la nacionalidad como consecuencia de la memoria democrática y de la institución".

   Asimismo, la Abogacía del Estado ha recalcado que no se ha acreditado que el crecimiento del censo "vaya a producir una creación real de resultados de un grupo de procesos electorales", por lo que ha señalado que la parte recurrente "se sustenta exclusivamente en riesgos hipotéticos y eventuales".

   Por tanto, el Gobierno ha solicitado la inadmisión del recurso y subsidiariamente desestimar las medidas solicitadas por los recurrentes.

AUMENTO "ANÓMALO" DEL CENSO

   Por su parte, Vox ha pedido al Supremo que aplique las medidas cautelares y que se suspenda "temporalmente la inscripción definitiva en el CERA", para "preservar la legalidad, objetividad, transparencia e igualdad" en la formación del censo electoral.

   El coordinador jurídico del partido de Santiago Abascal, Jorge Buxadé, ha asegurado que se trata de una medida "instrumental, temporal y reversible", para evitar que el censo continúe "aumentando de forma anómala, cuando no legal".

   La organización ha insistido en garantizar "la correcta determinación del municipio de inscripción", ya que "constituye un elemento esencial, porque condiciona la circunscripción electoral", al tiempo que ha alertado del "riesgo cautelar": "Que la sentencia llegue cuando ya no pueda ser materialmente útil".

   Y ha asegurado que algunas de las nuevas personas que han obtenido la nacionalidad mediante la ley de nietos "no tienen ni arraigo ni de ellos, ni de sus padres, ni de sus abuelos, ni posiblemente de sus bisabuelos en territorio nacional", lo que dificulta la determinación de la circunscripción a un municipio.

"EN JUEGO" EL PROCESO ELECTORAL

    Iustitia Europa también ha solicitado al Tribunal Supremo que acuerde las medidas cautelares, y ha exigido a la Oficina del Censo Electoral la "supervisión, inspección, control y revisión" en la determinación del municipio sobre inscripción electoral.

    La organización ha insistido en garantizar "la correcta determinación del municipio de inscripción constituye un elemento esencial, porque condiciona la circunscripción electoral", al tiempo que ha alertado del "riesgo cautelar": "Que la sentencia llegue cuando ya no pueda ser materialmente útil".

    "El CERA es permanente y dinámico, siguen produciéndose altas y modificaciones susceptibles de incorporarse al censo de referencia de una futura convocatoria", ha explicado la organización.

    Además, ha advertido de que una "eventual convocatoria anticipada de elecciones generales" podría "adelantar aún más la utilización electoral del CERA".

   Iustitia Europa ha defendido las medidas cautelares dado que, según han argumentado, "una sentencia estimatoria podrá ordenar la revisión del censo para procesos futuros", pero "lo que no podrá hacer es reconstruir con certeza una elección ya celebrada".

   "Está en juego la certeza misma del proceso democrático: que el cuerpo electoral se encontraba correctamente formado, que cada voto se computó en la circunscripción legalmente correspondiente y que el resultado proclamado responde a la voluntad del electorado jurídicamente llamado a decidir", ha aseverado.