Gobierno vasco acusa al central de impulsar una "mutación constitucional"

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha acusado al Ejecutivo central y a los "poderes centrales del Estado" de impulsar una "mutación constitucional" del modelo territorial que, a través de unas políticas "centralizadoras", ha derivado en una situación de "estado de excepción autonómico".

Esta reflexión del Ejecutivo autonómico aparece recogida en el 'Informe sobre los efectos negativos del incumplimiento del Estatuto de Gernika', uno de los estudios elaborados por el gabinete de Iñigo Urkullu a petición de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento autonómico.

Este documento, del que el Gobierno vasco ya dio a conocer un resumen este pasado martes, ha sido remitido este miércoles a los grupos que forman parte de la Ponencia de Autogobierno, constituida en la Cámara autonómica para debatir sobre un posible cambio del estatus político de Euskadi.

En la presentación del resumen de este documento, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, denunció que la "merma presupuestaria" que padece el Ejecutivo autonómico por las competencias pendientes de transferir a Euskadi supera los 7.000 millones de euros.

De hecho, en el documento remitido por el Gobierno al Parlamento se destaca que si se transfieren todas las competencias pendientes, el presupuesto del Ejecutivo autonómico sería "casi el doble" del actual, que se sitúa en torno a los 10.000 millones de euros.

Aunque los contenidos más relevantes del estudio ya fueron adelantados este pasado martes por el gabinete de Iñigo Urkullu, el informe incluye otros aspectos destacables.

El texto denuncia la "mutación constitucional del modelo territorial del Estado" que se ha producido, especialmente en los últimos años, "al reforzar su naturaleza unitaria tras centralizar buena parte de la definición de las políticas públicas con carácter uniforme".

"DETERIORO" DEL AUTOGOBIERNO

Los autores del trabajo precisan que este "deterioro", en el caso vasco se inició "con la propia aprobación del Estatuto" en 1979. No obstante, denuncian que este proceso ha adquirido ahora "mayor intensidad".

En el informe se acusa a los "poderes centrales del Estado" de haber utilizado "instrumentalmente" la crisis económica para llevar a cabo "unas políticas centralizadoras de carácter estructural de intensidad desconocida hasta el momento".

Todo ello, según se añade en el texto, ha derivado en "un auténtico estado de excepción autonómico", que afecta tanto a las comunidades autónomas de régimen común, como a los territorios de régimen foral (Euskadi y Navarra).

El "deterioro" del modelo territorial no sólo alcanzaría "al reconocimiento de la identidad político-jurídica del pueblo vasco", sino también "al acervo de potestades y competencias derivadas de ese hecho diferencial plasmado en su Estatuto".

"DESPROTECCIÓN"

Los autores del estudio consideran que se está pretendiendo "condenar" el autogobierno de Euskadi "a la irrelevancia". "Todo ello ha conducido a un Estatuto mudado y sumido en la desprotección; a la paulatina pérdida de capacidad para afrontar nuevos retos y hacer frente a las necesidades y compromisos a través de políticas públicas propias", señala el documento.

En la misma línea, se acusa al Estado de haber establecido "una auténtica carrera de obstáculos" para dificultar la participación y presencia de Euskadi en los foros estatales e internacionales, "que cada vez inciden más" en el autogobierno autonómico.

El informe destaca además que, tras la sentencia dictada en 2010 por el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, la norma que rige el autogobierno autonómico ha sido "privada de su función constitucional".

El Estatuto de Gernika, añade, ha sido "limitado en su posición y relegado a un lugar que no le corresponde ni por su naturaleza jurídico-constitucional, ni por su procedimiento singular de aprobación y reforma, ni por la concitación necesaria del refrendo ciudadano".