Insiste en que el encausamiento de Ibarretxe "desborda los límites de la división de poderes"
VITORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco afirmó hoy que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política" del Ejecutivo autónomo. Además, insistió en que el encausamiento del lehendakari "desborda los límites de la división de poderes" y que el líder del tripartito "no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación".
El tripartito contestó así, a través de un comunicado, a la declaración dada a conocer hoy por el CGPJ, en la que se reclama "el cese inmediato de las campañas que pretendan deslegitimar a los jueces de la Comunidad Autónoma Vasca".
El Ejecutivo afirmó que los miembros del Consejo General del Poder Judicial "son libres de tener las opiniones que crean oportunas, pero en ningún caso pueden sentar cátedra sobre decisiones y actos que entran dentro de la competencia de los partidos políticos o del Poder Ejecutivo".
En este sentido, manifestó que el CGPJ "no es un órgano facultado para censurar o aplaudir la actuación política del Gobierno vasco ni de los partidos que lo sustentan", ni tampoco para reclamar "el silencio a la crítica".
El gabinete de Juan José Ibarretxe consideró que el Consejo General del Poder Judicial "ha vuelto a escenificar una honda discrepancia en la lectura de la realidad en la percepción de lo que está pasando en torno a la imputación del lehendakari" por su reunión con Batasuna.
Para el Ejecutivo vasco, la necesidad de sometimiento al principio de igualdad, la función que debe cumplir la Justicia en una democracia y su necesaria independencia, "se pueden compartir en abstracto", pero "el problema es el caso concreto".
En este sentido, subrayó que el lehendakari "no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación y una máxima responsabilidad".
"El principio de igualdad implica un tratamiento que, por su dignidad y obligaciones, debe incluir un claro reforzamiento de que sus actuaciones son legales, salvo que haya evidencias manifiestas que aconsejen la admisión a trámite de una querella contra él, y, más aún, su imputación", añadió.
Además, afirmó que la reacción social "masiva y mayoritaria" se debe a la percepción de que "no hay evidencias de ningún tipo que justifiquen arrojar siquiera sombra sobre la actuación del lehendakari".
"Es más, parece que el principio 'in dubio pro reo' se retuerce y fuerza una interpretación contra reo precisamente en dirección contraria a como debería articularse", denunció.
El Gobierno coincidió en que la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de cualquier responsable político supone la expresión de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Sin embargo, calificó de "inadmisible" que se persiga penalmente este caso, "con omisión de la cautela elemental y la ponderación de la actuación judicial en una materia tan delicada".
Por ese motivo, insistió en que "no es el Poder Ejecutivo el que invade el terreno judicial, sino que es una actuación concreta la que desborda absolutamente los límites de lo razonable en la división de poderes".
"Ello obliga a defender el Estado de Derecho ejerciendo los derechos fundamentales de manifestación y expresión, no callando incondicionalmente", concluyó.
