Gobierno vasco cree que la Ley de Unidad de Mercado "vulnerará masivamente competencias autonómicas" de comercio

BILBAO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha advertido de que el proyecto de Ley de Unidad de Mercado del Gobierno central "vulnerará masivamente" las competencias autonómicas relacionadas con el comercio y la actividad económica.

En rueda de prensa en Bilbao, Erkoreka se ha referido, de esta forma, a la intención del Gobierno del PP de aprobar, durante el Consejo de Ministros de este viernes, el proyecto de ley de Unidad de Mercado, que tiene como objetivo acabar con las trabas burocráticas y asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.

Erkoreka no ha querido ocultar "una preocupación evidente" ante una iniciativa que tiene "todas las trazas, a salvo de que el texto que finalmente sea aprobado por el Consejo de Ministros pueda confirmar o desmentir estas sospechas que abriga el Ejecutivo vasco, de que irrumpirá en el ámbito competencial de todas las comunidades autónomas y, en concreto, en las competencias relacionadas con el comercio y la actividad económica, que en estos momentos son fundamentales para que cada instancia autonómica pueda promover el desarrollo de la actividad en su ámbito territorial".

Según ha señalado Erkoreka, "una unidad de mercado, en la medida en que lo autoriza o lo permite la Constitución, existe ya y no hay fronteras entre unas comunidades y otras, no existen como existen entre estados formalmente independientes".

Tras reconocer que "existen regulaciones diferentes entre unas comunidades y otras en cuestiones o materias en las que esas comunidades autónomas tiene expresamente atribuidas sus competencias, que establecen regimenes distintos", ha asegurado que "de ninguna manera suponen obstáculos insalvables para el ejercicio de la actividad económica".

Por ello, ha considerado que el hecho de que "se pretenda avanzar más allá de lo que ya es una realidad en el marco de la Constitución, permite abrigar sospechas sobre lo negativo de lo que se está esbozando por parte del Gobierno central".

"Vamos a ver exactamente qué es lo que a este respecto se dice, pero es preciso llamar la atención sobre lo demagógico de la argumentación que, con frecuencia, se utiliza para justificar este tipo de medidas uniformadoras del régimen económico en el Estado español", ha manifestado.

En ese sentido, ha señalado que "nadie probablemente pondrá en cuestión la unidad de mercado en Estados Unidos, un estado federal integrado por diferentes estados que tiene cada uno de ellos atribuciones y competencias en cuestiones que serían inimaginables aquí para las comunidades autónomas".

Los Estados Unidos, ha dicho, "legislan en materia societaria, de actividad económica e, incluso, en materia económica y bancaria, y nadie pone en cuestión que, pese a esas regulaciones diferentes, la actuación de un empresario en los Estados Unidos obedece a un mercado único que tiene unas mismas pautas".

Tras advertir de que "la necesidad de acomodarse a regulaciones diferenciadas no significa que el mercado no sea único", Erkoreka ha afirmado que "esta conciliación entre una unidad de mercado, que nadie cuestiona, y regulaciones diferencias en distintas comunidades autónomas en aspectos de carácter económico en ejercicio de sus competencias, que ha sido posible hasta el momento posible se quiere hacer desaparecer en base a una argumentación que es falsa, porque hay estados en los que las competencias económicas son mucho más fuertes por parte de los estados miembros".

A su juicio, se pretende "hacer tabla rasa de esa distribución competencial autonómica en el ámbito de la economía utilizando una argumentación que es falsa". Erkoreka cree que, en última instancia, "se pretende, una vez más, servirse del pretexto de la crisis económica para irrumpir en el estado autonómico y hacer tabla rasa de las competencias autonómicas, recentralizando el modelo de distribución competencial en términos inasumibles jurídicamente y rechazables desde el punto de vista político".