Gobierno vasco dice que no le temblará la mano a la hora de recurrir la Ley Wert si entraña vulneraciones competenciales

BILBAO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que no le temblará "la mano" a la hora de recurrir la Ley Wert, una vez que sea aprobada en las Cortes Generales, si "entraña vulneraciones competenciales".

En un desayuno desarrollado en Forum Europa-Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao, Erkoreka ha manifestado que el Gobierno del PP tiene mecanismos suficientes para asegurar que la tramitación legislativa en las Cortes Generales "no vaya a alterar ni una sola coma del contenido del proyecto que remite a la Cámara baja" porque "tiene poder para esto".

No obstante, ha señalado que no hay que "dar por hecho" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "esté pensando en un trámite parlamentario reducido a la máxima expresión sin trascendencia alguna".

"Cuando la Ley se apruebe, finalmente, por los órganos que tienen capacidad para hacerlo, el Congreso y el Senado, veremos exactamente en qué términos queda, y por supuesto, que no se tenga duda de que, si entraña vulneraciones competenciales, nos plantearemos seriamente la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. No nos temblará la mano", ha añadido.

El representante del Gobierno vasco ha manifestado, sin embargo, que, "antes de recurrir al TC, hay que procurar agotar todos los mecanismos de conciliación previa que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición porque puede ser peligroso" poner en manos de este Tribunal "la decisión, en momentos como los actuales, de algunas cuestiones competenciales sobre asuntos que son realmente importante, como es, sin duda alguna, el educativo".

"DUDAS"

Durante su intervención, Josu Erkoreka ha manifestado, precisamente, sus "serias dudas de que, desde el punto de vista de la defensa del autogobierno, sea preferible exhibir como mérito un extenso listado de recursos interpuestos ante Constitucional, que un listado de acuerdos alcanzados en el seno de la comisión bilateral de Cooperación constituido entre el Estado y el País Vasco, con el fin de evitar que los debates competenciales sobre los asuntos más relevantes lleguen a manos" del alto Tribunal.

En este sentido, ha recordado que, hace pocas semanas, el TC "se retrataba sin pudor cuando se permitía calificar de 'extravagante' la sola idea de que los empleados del sector público vasco puedan disfrutar de un tratamiento singular en el ámbito de las pagas extraordinarias, "como si Euskadi no dispusiese de herramientas específicas de autogobierno suficientes como para justificar esa singularidad".

"Para nadie es una novedad la suspicacia con la que el PNV ha mirado siempre a este Tribunal, cuyos miembros son elegidos con arreglo a un descarnado sistema de cuotas partidarias, a cuyo reparto sólo son invitadas las dos grandes formaciones políticas del Estado", ha indicado.

A su juicio, "el extendido hábito de anticipar los pronunciamientos del alto tribunal, distinguiendo entre magistrados progresistas y conservadores, y dando por supuesto que unos y otros actuarán en bloque a la hora de emitir el veredicto final, pone de manifiesto hasta qué punto la sociedad ha interiorizado la perversión de un sistema de designación que compromete seriamente la objetividad e imparcialidad del órgano".

"El problema es que las diferencias entre progresistas y conservadores, que se harán patentes, no lo dudo, cuando el

Tribunal afronta materias en las que el PSOE y el PP defienden posiciones encontradas, prácticamente desaparecen cuando se trata de optar entre el interés del Estado y el interés de las comunidades autónomas", ha indicado.

"OPERACIÓN DE ALTO RIESGO"

En este sentido, ha afirmado que "someter las controversias importantes al dictamen de un árbitro así, puede constituir una operación de alto riesgo que conviene ponderar, caso por caso, porque, en última instancia, siempre será preferible soportar temporalmente una vulneración competencial recogida en una norma, que exponerse a que el TC eleve esa vulneración a la categoría de jurisprudencia consolidada".

Erkoreka ha precisado que "este Gobierno no descarta,

por principio, defender sus competencias ante el TC, pero procura apurar al máximo las posibilidades que le ofrece la Comisión Bilateral de Cooperación para alcanzar acuerdos que permitan eludir, en la medida de lo posible, la litigiosidad" ante el alto tribunal.

En esta línea, ha subrayado que, "durante los cinco meses de legislatura, la comisión bilateral ha alcanzado cinco acuerdos --tres totales y dos parciales-- y en otros cinco casos, el trámite de conciliación previo ha resultado infructuoso, por lo que se ha impuesto el recurso ante el TC", ha concluido.