El proyecto presupuestario de 2013 reserva 2,5 millones de euros a esta partida, que en 2012 fue de un millón
VITORIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2013 contempla una partida de dos millones y medio de euros para las medidas de reparación a las víctimas de "sufrimientos injustos" cometidos por fuerzas policiales y parapoliciales, una suma que en las Cuentas de 2012 se limitaba a un millón de euros.
La consignación de esta partida aparece recogida en el Proyecto de Presupuestos remitido este jueves por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu (PNV) al Parlamento vasco, donde el partido 'nacionalista', en situación de minoría, deberá llegar a acuerdos con otras formaciones para garantizarse la aprobación de las Cuentas.
Una de las partidas recogidas en el texto reserva dos millones y medio de euros para las medidas de reparación a las víctimas de vulneraciones de "sufrimientos injustos" contempladas en un decreto del Ejecutivo autonómico aprobado el 12 de junio de 2012. Aquella norma establecía medidas de reparación para damnificados por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad o por grupos parapoliciales entre 1960 y 1978.
En el Presupuesto del Gobierno vasco para 2012 aprobado unos meses antes, se consignaron un millón de euros para la reparación de estas víctimas. La aprobación de aquella partida resultó polémica, puesto que mientras que el PP y UPyD reclamaron suprimirla, el PNV, EA y Aralar pidieron que se incrementara.
Tanto el anterior Gobierno vasco del PSE, que finalmente no logró este objetivo, como el actual gabinete de Iñigo Urkullu anunciaron su intención de ampliar el ámbito de cobertura de las ayudas para este tipo de damnificados desde 1978 hasta la actualidad.
DECRETO
El Gobierno vasco aprobó el 12 de junio de 2012 un decreto sobre las llamadas víctimas de violencia de motivación política, que contempla indemnizaciones de hasta 390.000 euros para quienes sufrieron la vulneración de los derechos humanos a través de abusos policiales o parapoliciales entre 1960 al 1978.
El texto reconoce a los ciudadanos vascos que resultaron heridos y muertos en sucesos que se produjeron "en condiciones de impunidad y con clara intencionalidad política".
En concreto, el decreto considera violencia de motivación política aquella que haya sido ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, la realizada con la intención de influir en la sociedad, y la que se llevó a cabo en un contexto de "impunidad", lo que, según indica, dificultó tanto la investigación de los hechos como el propio reconocimiento y reparación de las víctimas.
