El estudio sobre vulneraciones de derechos en el 'caso vasco' servirá de base para "actuaciones posteriores"
VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el informe sobre vulneraciones de derechos humanos presentado en junio por el Gobierno vasco --que atribuye 94 muertes a abusos policiales cometidos entre 1960 y 2013 y relacionados con lo que se califica de 'caso vasco'-- responde al objetivo de servir de base para la "definición de posteriores actuaciones", por lo que no ha descartado la elaboración de nuevos estudios sobre este tema.
Urkullu ha respondido, de esta forma, en una contestación por escrito recogida por Europa Press, a una solicitud de información de UPyD sobre el 'Informe-base de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Caso Vasco'. En su escrito, el lehendakari destaca que éste es un trabajo elaborado a partir de "datos ya existentes y fiables".
Este trabajo, presentado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio, cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.
El estudio diferencia entre varias etapas. En el caso de las muertes atribuidas a las FSE, se indica que, entre 1960 y 1975, hubo 26 fallecidos, mientras que, entre 1976 y 1978, se produjeron 30 muertes; entre 1979 y 1982, otras 24, y desde 1983 hasta la actualidad, 14
En su respuesta, el lehendakari recuerda que el informe fue encargado por la Secretaría General de Paz y Convivencia. Además, señala que en el propio documento se explicaba que el encargo planteaba la elaboración de una "delimitación preliminar".
En concreto, se solicitaba "una clasificación y cuantificación de las vulneraciones de derechos humanos constatadas desde 1960 en el contexto de la violencia de motivación política padecida en nuestro país, siempre en relación y referencia a las víctimas provocadas, que constituye la prioridad".
"RELACIÓN NOMINAL"
Por ese motivo y en respuesta a una pregunta de UPyD en relación a este punto, Urkullu indica que el trabajo "no aporta una relación nominal con las especificaciones solicitadas", puesto que lo que hace es "una aproximación, mediante la recopilación y compilación de datos ya existentes y fiables en materiales, informes, estudios y comisiones previos".
El presidente del Gobierno autonómico recuerda que "las fuentes de información están especificadas en la bibliografía del propio informe, incluyendo, en algunos de los casos, las relaciones de personas".
Urkullu añade que el objetivo de este informe es "servir de base a la definición de posteriores actuaciones en esta materia", por lo que "no debe descartarse la elaboración de nuevos informes en el futuro".
En todo caso, recuerda que ya existen dos informes, ambos elaborados por el Gobierno vasco, "que contienen relación nominal de víctimas", como son el 'Informe sobre Víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL", elaborado por la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo en 2008, y el 'Informe sobre victimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de violencia de motivación política", elaborado por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, también en 2008.
UPYD: QUIEREN FALSEAR LA HISTORIA
Desde UPyD, su diputado Gorka Maneiro ha denunciado que el informe de vulneraciones de derechos humanos presentado el pasado mes de junio por el Gobierno vasco es "papel mojado", tras lo que ha afirmado que "da la sensación de que solo pretende falsear la historia".
Maneiro, a través de un comunicado, ha criticado la "vergonzosa" respuesta del Gobierno autonómico a una solicitud de información de su partido sobre el referido documento, que cifra en 1.004 las personas muertas por violencia relacionada con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado, 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.
El parlamentario de UPyD ha lamentado que el Ejecutivo, "en lugar de explicar los datos y trasladar la información solicitada, viene a reconocer que el estudio no aporta una relación nominal con las especificaciones solicitadas".
A su juicio, "parece obvio que esto es una falta de respeto por parte del Gobierno vasco", al que ha acusado de "negarse" a ofrecer la información requerida y de actuar de forma "opaca".
Maneiro ha asegurado que, para avanzar hacia "la verdad y la memoria", es necesaria la "transparencia". Por ese motivo, ha indicado que, "sin el nombre y los apellidos de cada de una de las víctimas, el informe es papel mojado, opaco, incompleto y sesgado". "Da la sensación de que solo pretende falsear la historia", ha añadido.
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