El Parlamento anima al Ejecutivo a presentar en la Cámara en el primer cuatrimestre de 2008 la Ley de Servicios Sociales
VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento vasco dio hoy el visto bueno a un total de 18 propuestas de resolución al II Plan Interinstitucional de Inclusión Social 2007-2009, aprobado el pasado 19 de junio por el Consejo de Gobierno, entre las que destaca que durante el segundo semestre de 2008 el Ejecutivo autonómico deberá poner en marcha la Prestación de Complemento de Pensiones y la Prestación Complementaria de Vivienda, una vez que se apruebe la nueva Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en el primer cuatrimestre del próximo año.
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentó hoy ante la Cámara este plan, que pretende disminuir el índice de pobreza en Euskadi desde el 3,7% hasta el 3% de la población para "situar Euskadi a la cabeza de la Unión Europea" en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El consejero añadió que la tasa de riesgo de pobreza se sitúa actualmente en el 5,2% de los ciudadanos, lo que supone un 6,2% de los hogares. En total, el plan prevé invertir 880,205 millones de euros hasta 2009.
Asimismo, añadió que la aprobación de este plan supone "una continuación" del Plan de Inserción aprobado en 2003 y finalizado en 2005 y su objetivo es "impulsar la lucha de las instituciones vascas contra la pobreza y la exclusión social", para lo cual ha contado con la participación de "una amplia representación de los agentes sociales e institucionales".
En sus intervenciones, los grupos que conforman el tripartito (PNV, EA y EB) y el PSE apoyaron el proyecto, desde el PP se pidió la retirada del mismo y desde EHAK se reclamaron "medidas eficaces contra la exclusión" y "una política social integral con una renta básica digna".
La parlamentaria popular Arantza Quiroga consideró que el plan es "continuista" y sólo sirve para "cronificar" las situaciones de pobreza y la percepción de las ayudas. Asimismo, denunció que en ocasiones la renta básica "convierte en mileuristas a personas que no trabajan" y criticó al Departamento de Vivienda porque no ha construido "ni una sola vivienda social" en el tercer trimestre. También pidió mayor coordinación de recursos de institucionales.
Desde EHAK, Nekane Erauskin advirtió de que "la pobreza es un problema estructural porque la riqueza está en manos de unos pocos" e instó a promover el alquiler social y a habilitar una Renta Básica "mínima y digna". Asimismo, reclamó una "política social integral con una renta básica digna y con medidas eficaces contra la exclusión".
PROPUESTAS DE RESOLUCION
Las ocho propuestas de resolución del tripartito aceptadas instan al Gobierno vasco a que, una vez que se apruebe la Ley de Servicios Sociales durante el primer cuatrimestre de 2008, se pongan en marcha en el segundo semestre del año que viene la Prestación Complementaria de Vivienda y la Prestación de Complemento de Pensiones. Gracias a esta última, las unidades convivenciales conformadas por pensionistas tendrán garantizado un ingreso equivalente al 100% del SMI (14 pagas de 570 euros).
Además, piden al Ejecutivo que se elabore un cronograma de implementación de la herramienta informática de 'Diagnóstico e Intervención Social' y a que posibilite la comunicación informática entre los servicios sociales de todas las instituciones; a que vincule el Sistema de garantía de Ingresos a la suscripción de un convenio de inclusión social; a poner en marcha programas Auzolan específicos para menores de 23 años; y a realizar una planificación anual con Diputaciones y Ayuntamientos para implementar el plan.
Las siete iniciativas del PSE aprobadas piden que se presente la Ley de Servicios Sociales en el primer cuatrimestre de 2008 y que haya "suficiencia presupuestaria para todos los programas y actuaciones del plan", al tiempo que apuestan por incentivar con ayudas a aquellos ayuntamientos que mejoren sus índices de inserción. También proponen presentar en el primer cuatrimestre de 2008 el marco normativo de lucha contra la exclusión social; que se desarrollen itinerarios de inserción personalizados; y que se adecuen los mecanismos de inserción a los nuevos colectivos y demandantes.
De las seis propuestas de EHAK resultaron aprobadas dos, en las que se anima a "hacer una revisión del actual umbral de la pobreza" y se pide que los servicios públicos "lo sean realmente"; mientras que de las tres de Aralar también recibió el visto bueno una en la que se anima al Gobierno vasco a "reforzar los programas y proyectos que trabajan con jóvenes con historial de absentismo escolar o desventaja social" y a que "promuevan un proceso educativo orientado a la inserción laboral o a la inserción educativa".
Finalmente, la propuesta de resolución presentada por el Partido Popular en la que se pedía la devolución de este plan resultó rechazada.
PLAN DE INCLUSION SOCIAL
Entre los objetivos que el Plan pretende llevar a cabo destacan la consecución del máximo nivel de calidad en las prestaciones económicas, garantizando que éstas lleguen a todas las unidades convivenciales en situación de necesidad. Además, se intentará llegar a una progresiva universalización de la Renta Básica y a la diferenciación entre rentas de inserción y las rentas de protección.
Respecto a los sistemas generales de protección social, el texto plantea la mejora y refuerzo de la intervención que se realiza desde el sistema público de Servicios Sociales regulando y reforzando este sistema, y propone mejoras de la intervención integral contra la exclusión.
El plan incluye siete objetivos estratégicos, en los que se recogen 20 objetivos operativos y 70 actuaciones para lograr disminuir el índice de pobreza en Euskadi desde el 3,7% hasta el 3% de la población. En relación con el Sistema Vasco de Protección y de Inclusión Social, se pretende adecuar la normativa de manera que se tienda a una universalización progresiva del sistema de protección; unificar y generalizar el sistema de diagnóstico y seguimiento de las políticas de inserción y protección social; y conseguir el máximo nivel de calidad en las prestaciones económicas.
Para lograr la universalización de la Renta Básica, se apuesta por la redefinición de las unidades convivenciales perceptoras para dar a los pensionistas la consideración de unidades convivenciales independientes y poder incrementar la cuantía de esta ayuda hasta el 100% del SMI.
Asimismo, se incluirán nuevas excepciones de acceso a la Renta Básica para mayores de edad y menores de 23 años, y se establecerá una bonificación o subsidio complementario a la Renta Básica dirigido al cuidado de los hijos para familias monoparentales, al tiempo que se habilitará una prestación complementaria de vivienda y se reforzará el carácter asistencial y temporal de las Ayudas de Emergencia Social (AES).
De los 880,20 millones que prevé invertir el plan, 596,5 se destinarán a la Renta Básica, 100,5 al complemento de vivienda, 63,8 a las AES, 16,9 a los convenios de inserción, 24,2 a Auzolan, 23,1 a las empresas de inserción y 4,6 a las actividades de inserción. El resto del dinero se repartirá entre el complemento a las pensiones de viudedad, los servicios para familias monoparentales, los convenios con centros especiales de empleo y la herramienta de diagnóstico PESI. El incremento con respecto al Plan anterior es de 367,6 millones.
