VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco realizará un estudio sobre la presión ejercida por "la barbarie" de ETA al colectivo de funcionarios de prisiones a través de "intimidaciones criminales", y confía en que pueda presentarse el próximo año.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha anunciado este martes la elaboración de este informe, durante su visita al centro penitenciario de Zaballa (Álava), para rendir homenaje a Máximo Casado, funcionario de la cárcel de Nanclares de la Oca asesinado por ETA en el año 2000 con una bomba lapa colocada en los bajos de su vehículo.
"Hoy me acerco a este lugar en recuerdo de su memoria para depositar flores en señal de profundo respeto y de solidaridad con todo el colectivo de funcionarios de prisiones, que han tenido que vivir la presión y la sinrazón de la barbarie terrorista", ha afirmado antes de depositar un ramo de flores junto a la placa en recuerdo de Casado, funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca, asesinado por ETA un 22 de octubre de 2000.
Artolazabal ha estado acompañada durante su visita a Zaballa por la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y sus tres directores, Eugenio Artetxe, Javier Landeta y Jon Uriarte, quienes a partir del 1 de octubre asumirán la gestión de las cárceles vascas.
En el acto también han estado presentes la directora de Servicios Generales, Karmele Arias, y el asesor en Instituciones Penitenciarias, Jaime Tapia. La delegación del Gobierno Vasco ha sido recibida por el director del centro penitenciario, Benito Aguirre, que ha ejercido de anfitrión.
Momentos antes de comenzar la visita, la consejera ha tenido unas palabras de solidaridad y reconocimiento a los funcionarios de prisiones por "los tiempos difíciles que tuvieron que soportar por la presión y la sinrazón" de ETA.
Para "no olvidar este sufrimiento", Beatriz Artolazabal ha anunciado la puesta en marcha de un estudio en el que se reconozcan estas "intimidaciones criminales". El documento será realizado por el Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto.
"Nuestra dirección de Derechos Humanos va a seguir la misma fórmula de otros trabajos sobre concejales bajo la amenaza de ETA, ertzainas presionados o la difícil situación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi", ha explicado.
Tras apuntar que confía en que el informe pueda presentarse el próximo año, ha reiterado que las víctimas "son y serán el eje sobre el que trabaja el modelo penitenciario vasco", y ha insistido en su apuesta por la justicia restaurativa y las tres erres: "resocializar, reeducar y reinsertar".
Artolazabal, que ha recordado brevemente la vida personal de Máximo Casado, ha destacado la importancia de que "las personas no se pierdan en las estadísticas, porque tienen nombre y apellidos", y porque no se puede ni debe "olvidar sus nombres y sus trayectorias".
EL EQUIPO DE JUSTICIA
Por su parte, la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, ha estado acompañada por sus tres directores, que se encargarán de la gestión del modelo vasco penitenciario: Jon Uriarte, que asumirá todo lo relativo al trasvase de personal de una Administración a otra; Javier Landeta, que se encargará de las infraestructuras y Recursos Generales y de Eugenio Artetxe, que tomará el mando en todo lo relativo con la acción social penitenciaria y el régimen interno de los centros.
"El objetivo final es la reinserción de las personas presas, pero este es un largo camino que necesita de un equipo humano de profesionales que marquen el itinerario", ha asegurado Agirre.
Asimismo, ha anunciado la incorporación de seis personas al departamento, funcionarios y funcionarias que dependerán de alguna de las tres direcciones, en función de su área de trabajo, y que, a su vez, comandarán un equipo de 30 personas.
Las seis personas que llegan a Justicia provienen de áreas muy diversas. De hecho, dos acreditan una extensa trayectoria en el ámbito penitenciario, con amplia experiencia tratamiento y en Justicia Juvenil; otra persona llega desde Lanbide, donde se ha especializado en la formación e inclusión social, y el resto posee una gran experiencia en la Administración General, en concreto en estructuras organizativas, infraestructuras, además de equipamientos y contratación.
La viceconsejera también se ha referido al futuro de la vieja cárcel de Nanclares de Oca, ahora en desuso. "No hemos decidido qué hacer", ha reconocido, para añadir que "es importante preparar previamente un plan de infraestructuras penitenciarias que recoja las necesidades" que habrá a cinco o diez años vista. Una vez conocidas las necesidades, se analizará la adaptación de los edificios.
"Teniendo en cuenta que Zubieta no estará operativa hasta bien entrado 2023, disponemos de margen para trabajar el diagnóstico de las infraestructuras sin tener que precipitarnos", ha indicado.
Tras las intervenciones de Artolazabal y Agirre, el director de la cárcel, Benito Aguirre, ha acompañado a la comitiva al interior del centro penitenciario. La consejera y el equipo de Justicia han visitado diferentes estancias como la zona de visitas, la enfermería, algunos módulos, zonas de ocio y los talleres de panadería, lavandería, cocina e industrial eléctrico.
