VITORIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco reclamó hoy el reconocimiento del euskera con estatus de oficialidad en el seno de las instituciones de la UE, una medida que, para el tripartito, permitiría incrementar la "credibilidad" de los organismos europeos ante la ciudadanía.
El secretario general de Acción Exterior, Iñaki Aguirre, el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, y el director de Ivap (Instituto Vasco de Administración Pública), Jon Urrutia, ofrecieron hoy una rueda de prensa para explicar el papel del Gobierno vasco en el uso del euskera en las instituciones de la UE.
"La UE no puede dar la espalda a una realidad en la que 50 millones de europeos poseemos como lengua materna la de nuestros respectivos territorios, además de la lengua principal del Estado", señaló Baztarrika.
Por eso mismo, continuó el viceconsejero de Política Lingüística, con el reconocimiento del euskera "ganamos todos: el euskera en prestigio, los euskaldunes, a los que se nos reconoce un derecho aunque sea parcialmente, y Europa, porque sus instituciones ganan en credibilidad al acercarse más a la ciudadanía".
El año pasado, el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de conclusiones autorizando "el uso oficial de otras lenguas", para los casos de publicación de las disposiciones del Parlamento y el Consejo, para las intervenciones orales en las sesiones del Consejo así como para las comunicaciones escritas de los ciudadanos con los órganos europeos.
"CARENCIAS LINGÜÍSTICAS"
Al tiempo que subrayó lo "positivo" de estas decisiones, Aguirre destacó algunas carencias, como es el caso de que "el euskera no está reconocido como una lengua de la Constitución, las traducciones de las intervenciones orales están condicionadas a los medios humanos técnicos de que se disponga o que la UE no se responsabiliza de la traducción de textos aprobados".
Además, continuó el secretario general de Acción Exterior del gobierno vasco, "nuestra lengua es operativa para el Consejo, el Comité de Regiones y la Comisión Europea, pero no para otros órganos como es el caso del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia o el de Cuentas, el Consejo Económico y Social o el Defensor del Pueblo, ya que no se ha firmado el correspondiente acuerdo administrativo con el Estado".