Gobierno vasco recurre la sentencia contra el decreto de euskaldunización de la Justicia del anterior Ejecutivo

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, anunció hoy que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico han presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló varios artículos del decreto de euskaldunización de la Justicia aprobado por el gobierno de Juan José Ibarretxe. Mendia explicó que el Gobierno "comparte" los objetivos del citado decreto.

Mendia efectuó este anuncio durante el pleno de control del Parlamento autonómico, en su turno de respuesta a una interpelación del parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, sobre la forma en la que el Gobierno va a "garantizar" los derechos de los vascoparlantes en la Administración de Justicia tras conocerse dicha sentencia.

La Sala de lo Contencioso del TSJPV anuló el pasado mes de octubre artículos esenciales del decreto para la euskaldunización de la Justicia del anterior gobierno de Ibarretxe, que se fijaba como objetivo que 800 empleados judiciales -de un total de 2.000- hablaran euskera en diez años. En su sentencia, el alto Tribunal vasco cree que el Ejecutivo autónomo no puede establecer perfiles lingüísticos de forma genérica, sino sólo para puestos concretos.

La consejera de Justicia y Administración Pública consideró que la decisión del Tribunal Superior obliga a "reformular" dicho decreto, a pesar de que los servicios jurídicos del Ejecutivo han presentado un recurso de casación contra la sentencia. Mendia justificó la presentación del recurso en que su departamento "comparte los objetivos" del decreto.

"PROGRESIVIDAD"

De todas formas, consideró que la reformulación de la norma tratará de "hacer efectiva la cooficialidad y el bilingüismo existente en la comunidad autónoma, conforme a su actual implantación y previsión de desarrollo". Mendia precisó que todas las medidas que se adopten en este ámbito deberán llevarse a cabo "de una forma paulatina y progresiva".

La consejera de Justicia subrayó la necesidad de "lograr un sistema de garantía para el ciudadano en los derechos lingüísticos que le son reconocidos constitucional y estatutariamente". Tras insistir en que "el Gobierno comparte los objetivos previstos en el decreto parcialmente anulado", explicó que pretende "que en un plazo de diez años existan alrededor de un 35 por ciento de puestos singularizados por el idioma".

Este porcentaje, según explicó, se distribuirá de forma proporcional "a la efectiva implantación del euskera en los distintos partidos judiciales". Mendia, explicó en este sentido que "no es lo mismo" la situación de Durango y Gernika y la de Bilbao.

Con ese fin, el Gobierno autonómico realizará planes quinquenales de euskaldunización, de forma que a la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo en 2010 puede hacerse efectiva una tercera parte de esos porcentajes. El resto se conseguiría en los dos quinquenios siguientes -2015 y 2020--.

PUESTOS "JUSTIFICADOS"

La responsable autonómica de Justicia consideró que es necesario definir áreas territoriales "prioritarias" y funciones procesales o actuaciones judiciales "que se consideren preferentes en el manejo del idioma". Mendia explicó que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la propia sentencia del TSJPV, "los puestos singularizados han de estar justificados en la especial función desempeñada".

La consejera explicó que "la regla de partida" consiste en que el euskera "se valorará como mérito con carácter general y particularmente en los puestos genéricos", mientras que "sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos singularizados". Mendia subrayó la necesidad de actuar "con cautela" ante "la premura de la puesta en marcha" de la nueva Oficina Judicial.