MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Interior del Gobierno vasco se ha puesto en contacto con las empresas de seguridad con las que mantiene acuerdos para la protección de personas amenazadas por ETA para que les aporten de forma urgente cerca de 200 nuevos profesionales con los que reforzar su protección, informaron a Europa Press fuentes del sector privado de la seguridad.
Estos alrededor de dos centenares de profesionales de la seguridad estarán destinados principalmente a reforzar los dispositivos que ya tenían personas amenazadas, aumentando el número de escoltas que se les había asignado, aunque algunos irán destinados también a nuevos protegidos.
Según las fuentes citadas, en el País Vasco trabajan 1.800 escoltas privados y otros 750 lo hacen en Navarra. Cada protegido lleva, al menos, dos escoltas. La protección de los amenazados, ya corra a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Ertzaintza o empresas privadas está financiada a partes iguales por los Gobiernos central y vasco.
La banda terrorista ETA comenzó a asesinar políticos de manera sistemática, como parte de su estrategia a partir de 1995. Este cambio en la actuación de la banda terrorista se plasmó en las ponencias Oldartzen (Acometiendo) y Txinaurriak (Hormigas), que se centraron en lo que la organización llamó la "socialización del sufrimiento". A partir de entonces, las Fuerzas de Seguridad se vieron desbordadas para dar protección a tantos concejales de PP y PSOE que aparecían desde ese momento en la diana de ETA, por lo que tuvo que recurrirse a la seguridad privada.
Los terroristas pretendían que no huviera ni una persona ajena a lo que ellos denominan el "conflicto" vasco. Aunque ya habían asesinado a algún político con anterioridad, como fue el caso del senador Enrique Casas, la primera víctima de esa nueva estrategia fue el concejal del PP en el ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en enero de 1996.
La madrugada del lunes al martes pasado, ETA anunció en un comunicado que volvía a abrir "todos sus frentes de lucha", rompiendo formalmente el alto el fuego permanente declarado hace 14 meses. En las últimas semanas se han comenzado a extremar las medidas de protección contra los sectores tradicionalmente amenazados y se ha asignado escolta a personas que no la tenían, entre las que se encuentran algunos dirigentes del PNV.
