González (CGPJ) denuncia "una campaña de acoso" contra Hernando, auspiciada por sectores del Gobierno y nacionalistas"

El vocal del Consejo General del Poder General (CGPJ) para el País Vasco Juan Pablo González consideró hoy que existe "una campaña de acoso" contra el presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, "auspiciada por sectores del Gobierno y los partidos nacionalistas" y motivada por la oposición que éste ha mantenido a las reformas judiciales propiciadas por el Ejecutivo.

Además, consideró "constitucionalmente inviable" que Hernando compareciera en el Congreso para explicar "la aplicación de la Ley" en el cumplimiento de penas por terrorismo.

En declaraciones a Europa Press, González manifestó que, con el requerimiento para que Francisco Hernando compareciera ayer ante la comisión de Justicia del Congreso, se ha puesto en duda la decisión del Tribunal Supremo para que los presos de ETA que acumulan penas cumplan el máximo de 30 años de cárcel.

El magistrado consideró que, con la petición de comparecencia del presidente del CGPJ, se pretende "ponerle entre la espada y la pared", y dijo que la negativa del presidente del TS a acudir a la comisión de Justicia "tiene amparo" en la Constitución.

Según aseguró, la Carta Magna, "en modo alguno, establece la obligación de comparecencia, más allá de los supuestos legalmente previstos como la presentación de la Memoria Anual" y de prestar información al Parlamento, pero "limitándola a los supuestos de comisiones de investigación o de miembros del Gobierno".

"Este planteamiento obedece a una lógica, según la cual, las relaciones entre Poder Judicial y el Legislativo son de colaboración, de respeto y de cortesía, pero nunca de subordinación a partir del establecimiento de mecanismos de control que son constitucionalmente inexistentes", añadió.

A su juicio, al negarse a comparecer "para explicar el cambio de criterio jurisprudencial en el caso Parot o de acumulación de penas de terroristas", Francisco Hernando "se ha limitado a defender la dignidad y la independencia del Poder Judicial y, en esa posición, cuenta con el aval unánime de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con el apoyo mayoritario del CGPJ y el aval de la inmensa mayoría de la carrera judicial".

"La petición de comparecencia implica una desnaturalización e instrumentalización del Parlamento por parte de un grupo parlamentario que supedita los intereses generales institucionales a intereses coyunturales y de partido", aseveró.

"IRRESPONSABILIDAD"

Para Juan Pablo González, se trata de una "irresponsabilidad en la medida en que siembra dudas sobre la decisión adoptada legítimamente por la Sala Segunda del TS".

"En definitiva, lo que se pretende es poner al presidente del Supremo entre la espada y la pared, procurando la deslegitimación del Poder Judicial en el contexto de una campaña que es consecuencia de la oposición que ha mantenido a las reformas legislativas en marcha, en especial, al proceso de desmembración del Poder Judicial y a las consecuencias de la aprobación del Estatuto catalán", dijo.

A su entender, "la posición del CGPJ no se perdona y, por ello, existe un interés en deslegitimar a esta institución con una campaña de acoso, auspiciada por sectores del Gobierno, por los partidos nacionalistas, y que cuenta con la connivencia partidista de algunos sectores del propio CGPJ".