González(CGPJ) dice que el Gobierno "está obligado a instar sin demora" a poner la bandera española en las instituciones

BILBAO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el País Vasco, Juan Pablo González, afirmó hoy que el Gobierno central "está obligado a instar sin demora" a colocar la bandera española en las instituciones vascas. Además, consideró que, si no se produce "un cumplimiento voluntario" por parte del Ejecutivo autonómico, será necesaria la ejecución forzosa, sin excluir a la fuerza pública".

En declaraciones a Europa Press, González recordó que "el Tribunal Supremo ha sido claro y contundente al afirmar, en primer lugar, que las leyes no se derogan por su incumplimiento, es decir, porque durante muchos años no se haya colocado la bandera española".

El vocal, perteneciente a la mayoría conservadora del Consejo, subrayó que la sentencia impone que esta enseña "deberá ondear todos los días y en lugar preferente, y no sólo en edificios del Gobierno vasco, sino también en diputaciones y ayuntamientos".

"Es lamentable que la Ley se haya incumplido durante 27 años en una actitud institucional de desprecio a una mayoría de ciudadanos que se sienten vascos y españoles, entre ellos, muchos votantes nacionalistas", añadió.

A su juicio, el Gobierno vasco "y el resto de instituciones afectadas no deben esconderse en pretextos de mal abogado" para no cumplir la legislación porque, "ante una cuestión jurídicamente clara, están obligados, sin excusa alguna, a respetar la Ley y a cumplir las decisiones de los tribunales".

"Resulta bochornoso decir, como ha hecho el alcalde de San Sebastián, que cumplir la Ley supone abrir conflictos. En un verdadero Estado de Derecho, la convivencia se basa en el respeto a la Ley", destacó.

"ALERGIA"

En esta línea, consideró "llamativa la alergia que sienten aquellos que tanto hablan de diálogo a la hora de aceptar los símbolos constitucionales de todos, cuando tan proclives son a hacer ostentación de los propios". "Todo ello no es más que el reflejo de una forma excluyente de entender la sociedad", aseveró.

El magistrado aseguró que el Gobierno del Estado "está obligado a instar sin demora la ejecución de esta sentencia y de otras del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pendientes de cumplimiento".

"Si no se produce el cumplimiento voluntario, será necesaria la ejecución forzosa, sin excluir el recurso a la fuerza pública o a la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales en el caso de desobediencia reiterada a los requerimientos judiciales", concluyó.