MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia y el Govern han constatado que el traspaso de las competencias a la comunidad autónoma deben supeditarse al hallazgo a una solución para la situación de los juzgados de Ibiza y a la culminación de la reforma de la financiación autonómica, por lo que la cesión de la gestión de los órganos provinciales se realizará cuando se haya culminado estas dos cuestiones.
Así lo expusieron tanto el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y el conseller de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Albert Moragues, tras mantener una reunión con los equipos de trabajo de ambas administraciones relativa a analizar el estado de la negociación del traspaso de competencias de la Justicia al archipiélago.
En este sentido, Pérez precisó que se ha constatado la necesidad de solventar la situación de las actuales dependencias judiciales de Ibiza así como el emplazamiento del nuevo edificio antes de fijar las cantidades del coste efectivo y el resto de acuerdos relativos a la cesión. Con este contexto, el secretario de Estado dijo que el acuerdo para la transferencia antes del 1 de enero de 2009 es "poco probable" si antes alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión.
"El calendario de traspaso se va a retrasar si se quiere dejar resuelto la situación de Ibiza. Es un ejercicio simultáneo hallar la solución a Ibiza y el traspaso de competencias", agregó el secretario de Estado, quien también resaltó que se han producido avances en la materia económica, como es el caso del consenso en la identificación --la metodología-- de los costes efectivos en materia de personal.
Por su parte, el conseller de Presidencia indicó que se está planteando la posibilidad de realizar una "solución provisional" paralela a la creación de los nuevos edificios --que se ubicarán en el complejo Eivissa centre--, que oscila en trasladar a los trabajadores a otras dependencias alternativas mientras se realizaran las obras de construcción.
A su vez, Moragues remarcó que la comunidad "no asumirá las competencias" hasta que no quede fijado la reforma del modelo de financiación autonómica, una cuestión que en su opinión también es un "proceso con dificultades". No obstante, ambos remarcaron la "voluntad de llegar a un acuerdo".
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