MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó hoy la continuación de las diligencias abiertas contra 18 personas acusadas de quemar fotos de los Reyes durante la celebración de una manifestación en Gerona el pasado 22 de septiembre, por un delito de injurias graves contra la Corona, y pidió a la Fiscalía que, en un plazo de 10 días, se pronuncie a este respecto, bien formulando escrito de acusación y, por tanto, solicitando la apertura de juicio oral contra los imputados, bien pidiendo el sobreseimiento de la causa.
A pesar de ello el juez especifica en su auto, hecho público hoy, que el Ministerio Público podrá también solicitar "excepcionalmente" la práctica de las diligencias complementarias que considere imprescindibles para formular acusación.
Grande-Marlaska describe cómo los acusados fueron identificados durante la celebración de una manifestación celebrada en la Plaza del Vi de Gerona organizada con el fin de protestar por la imputación judicial de Jaume Roura y Enric Stern, acusados de injurias graves contra la Corona después de participar en un acto contra los Reyes coincidiendo con una visita de Don Juan Carlos y Doña Sofía a la Universidad de Gerona el 13 de septiembre, en el que quemaron una fotografía de gran tamaño del monarca y su esposa.
A la concentración del día 22 acudieron un total de 300 personas entre las que fueron identificadas los 18 imputados. Uno de ellos, Daniel Javier Carrera, leyó un manifiesto que concluyó con la expresión "yo también quemo la Corona". Una vez finalizada la lectura, unas 50 personas, entre ellas los identificados, quemaron retratos de los Reyes a cara descubierta.
Grande-Marlaska considera que estos hechos revisten el caracter de un delito de injurias graves contra los Reyes en el caso de 17 de los imputados y atribuye a Carrera el título de inductor. Este delito está castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión, según el Código Penal.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El juez destaca como indicios de criminalidad la existencia de fotografías de la concentración, la labor de identificación formalizada por los Mossos d'Esquadra y las manifestaciones de los imputados, "que han reconocido los hechos". A este respecto advierte que los acusados intentaron durante sus declaraciones justificar su actitud "en un pretendido derecho fundamental a la libertad de expresión".
Grande-Marlaska defiende en su auto la importancia de proteger este derecho que califica como "piedra angular de la democracia y los derechos humanos" pero argumenta que la libertad de expresión "no alcanza a justificar intervenciones en el derecho al honor", que afecta al núcleo último de la dignidad de las personas".
"La singular significación del ámbito de la personalidad determina que su afectación resulte en todo caso innecesaria, pues siempre será posible verter las opiniones más hirientes sin afectar el aspecto del honor que coincide íntegramente con el núcleo intangible de la dignidad de la persona", dice el juez.
El magistrado añade que los participantes en la concentración aprovecharon la "apariencia" de protestar por una decisión judicial y el "anonimato" que conlleva la existencia de un grupo indeterminado para "materializar su conducta". Indica que la quema de las fotografías se realizó con premeditación dado que un número importante de los asistentes las portaban consigo.
Todo ello "trasciende del derecho a la libertad de expresión" y resulta, según Grande-Marlaska, desproporcionado con el fin de "conjugar" un crítica dentro del debate público. Violenta --añade-- la dignidad de la persona, los fundamentos de orden político y la paz social.
Los 18 imputados declararon ante el magistrado a principios de este mes y reconocieron haber quemado las fotografías en solidaridad con los dos imputados por el acto del día 13 de septiembre.
