El acuerdo se concretó tras un debate con reproches sobre los cambios de criterio en torno al trazado de la alta velocidad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios instaron hoy por unanimidad a la Xunta a que promueva "de forma urgente" una reunión con la dirección de Ramsa, empresa titular de la mina de Serrabal, con las compañías vinculadas y con los trabajadores para analizar el impacto "real" que el paso del AVE supondría por la cantera.
En una proposición no de ley de la oposición transaccionada por los tres partidos tras un enconado debate en el que se reprocharon los cambios de criterio en torno al trazado de la alta velocidad por la mina de cuarzo, PPdeG, PSdeG y BNG lograron un acuerdo que reclama al Gobierno autonómico que aporte sus datos sobre la "posible afectación" de las reservas de la concesión minera, que expira el próximo año, y sobre el empleo, en caso de mantenerse el diseño actual.
Asimismo, conveniaron demandar a la empresa que dé a conocer los informes sobre el grado de afectación y si el AVE podría "limitar" los años de explotación al ritmo actual de extracción de cuarzo, así como si pone en riesgo el proyecto de producción de silicio solar. De igual modo, apelaron a la compañía que difunda en qué medida esta situación influiría también en el normal funcionamiento de los centros de Cee y Sabón.
Tras estos encuentros, los grupos políticos confían en recibir las conclusiones de las reuniones, para conocer la garantía sobre los puestos de trabajo y la afectación al desarrollo de una industria como la solar que, según recalcaron en la iniciativa aprobada, presenta "importantes perspectivas de futuro".
A mayores, pidieron datos acerca de cómo estas resoluciones influirán en lo relacionado con el proceso de prórroga de la concesión de la explotación minera para el grupo que lidera el empresario Juan Miguel Villar Mir y apelaron a realizar las "gestiones necesarias" para que el Ministerio de Fomento consiga la "compatibilidad" entre esta concesión y el AVE Santiago-Ourense.
DEBATE
No obstante, el acuerdo estuvo precedido de un tenso debate en el que el parlamentario del PPdeG Alejandro Gómez reprobó el "lavado de manos" de los grupos que apoyan al Gobierno y la "indignidad política" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al convocar a una "encerrona" a los trabajadores de la mina cuando "un mes antes el presidente de la Xunta les había prometido estudiar cómo encajar un cambio de trazado".
Gómez censuró la "extraña capacidad de trabucar la historia", especialmente por parte del PSdeG, al que acusó de "engañar" a los empleados, y reclamó información "sobre la mesa" acerca de cómo un cambio de trazado no afectaría a la entrada en servicio del AVE y que garantizaría en todo caso los puestos de trabajo y el aprovechamiento del "mejor valor metalúrgico del mundo".
Sin embargo, el diputado socialista Abel Losada censuró la intervención del popular como la de un "ingeniero amateur y agente comercial de Villar Mir" y lo advirtió de que "el PP no puede dar lecciones a la izquierda de mercado laboral". "Para nosotros es fundamental reconocer los derechos de los trabajadores, pero éste es un tema de política económica y laboral", subrayó.
CAMBIO DE POSICIÓN
Además, advirtió a los populares de que "alguien va a tener que explicar por qué siempre apoyó un trazado que afectaba a una persona con evidentes vínculos con Fraga --en alusión a Villar Mir-- y no reclamó que se modificara cuando pidió 900 millones" de euros de indemnización. "¿Si Cascos fuera ministro los pagaría? No vaya a ser que sí y ahí estuviese el negocio", aseveró.
En consecuencia, rechazó apoyar la "estrategia del calamar y las medias mentiras" de un PP al que recordó que "eligió solo el trazado", una posición con la que coincidió el nacionalista Fernando Blanco Parga, quien reprobó la "falta de rigor" de los populares y su "cambio de posición" en función de su estancia o no en el poder.
Blanco Parga también se refirió a la "amistad de viejo" entre el ex presidente de la Xunta y el dirigente de OHL y recalcó que "no hay conocimiento de que en su momento --el PP-- presentase ninguna propuesta formal de cambio de trazado cuando había en Madrid un Gobierno amigo". "¿Por qué definieron uno que afecta a una mina, por qué tenemos que pagar ese precio?", recriminó a la oposición.
