VALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, contestará el próximo jueves en la sesión de control de las Cortes a preguntas de la oposición en relación con el auto del juez Baltasar Garzón sobre el 'caso Gürtel', en el que considera que hay indicios de responsabilidad penal en el jefe del Consell, y en el secretario general del PPCV y portavoz popular en la Cámara, Ricardo Costa, y en el que declara imputados al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret Parreño, y sobre agua que le formulará el PP.
El síndic socialista, Àngel Luna, preguntará al presidente de la Generalitat por si puede "ofrecer una explicación fundamentada y razonable que le permita desvirtuar todas y cada una de las graves acusaciones que, contra él mismo y contra otros destacados cargos públicos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana se contienen en el auto de 5 de marzo de 2009 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".
Por su parte, la síndica de Compromís, Mónica Oltra, le preguntará por su valoración acerca del mismo auto "por el que se declara imputado a Víctor Campos Guinot, vicepresidente del Consell durante la VI Legislatura".
Asimismo, contestará a la pregunta que le formulará el grupo parlamentario popular sobre las medidas que, en su opinión, "debería adoptar el ejecutivo central para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de los recursos hídricos de la Comunitat Valenciana y de España".
El portavoz del PP en la Cámara, Ricardo Costa, expone en la pregunta que la distribución "de un bien escaso, y necesario para todos, como es el agua precisa de una política de Estado que el ejecutivo central no sólo no ha sido capaz de consensuar con todas las partes implicadas, sino que además está generando una gran alarma social en comunidades como la Valenciana y la Murciana".
El síndic popular añade que ambas autonomías están "gravemente amenazadas por la derogación del Plan Hidrológico Nacional, por el fracaso de la solución desaladora y por el alineamiento del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con las tesis favorables a la caducidad del trasvase Tajo-Segura".
