La Hacienda foral inspeccionará a las personas relacionadas con empresas vinculadas al presunto fraude de Irún

SAN SEBASTIAN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Gipuzkoa instará al departamento para la Fiscalidad y las Finanzas que realice un plan de inspección de patrimonio a las personas denunciadas y a las personas físicas y jurídicas partícipes en propiedades y empresas que sirvieron para ocultar el dinero sustraído en el presunto fraude de la Hacienda de Irún, entre las que también se encuentra el ex senador del PNV Víctor Bravo.

El portavoz foral, Koldo Azkoitia, dio cuenta así en una rueda de prensa en San Sebastián de la decisión adoptada ayer por el Consejo de Diputados "ante la gravedad de los hechos y ante la recepción del atestado del Fiscal". Por ello, el ente foral "toma la iniciativa institucional y política de ordenar esta inspección patrimonial".

De este modo, ha manifestado al departamento para la Fiscalidad y las Finanzas el interés de que "se resuelva incluir en el Plan de Inspección a las personas denunciadas, a las personas físicas y jurídicas partícipes en propiedades y empresas que sirvieron para ocultar el dinero sustraído según la denuncia efectuada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y a aquellas actuaciones que puedan derivarse de la citada denuncia".

Entre las personas a las que el ente foral realizará una inspección de su patrimonio estarían el ex director de la oficina de Irún, José María Bravo, su esposa, Rosa Cobos, la ex funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y Pedro María Aristrain, todos ellos imputados en el caso.

También se investigará al ex director de general de la Hacienda foral y ex senador del PNV, Víctor Bravo, ya que aparece como co-propietario de dos de las dieciséis empresas que cita la Fiscalía en la denuncia que ha remitido a los juzgados de instrucción de Irún.

Azkoitia apuntó que esta actuación que llevará a cabo el departamento de Fiscalidad y Finanzas es "extraordinaria" y que "viene derivada de los datos que se recogen el auto del Fiscal". En ese sentido, no precisó el tiempo que se demorará la inspección ya que éstas "tienen un procedimiento tasado y prefijado y se ajustará al mismo". No obstante, explicó que "una vez iniciados los procesos de inspección, seguirán su curso independientemente de la situación a nivel de Gobierno en la Diputación y no podrán ser paralizados".

VICTIMAS

El portavoz foral aseguró, respecto a las "víctimas" del presunto fraude que saldaron sus deudas con una rebaja aunque ese dinero no fue ingresado en la Hacienda, que en el atestado del Fiscal "aparecen nombres de diferentes personas, unas aparecen como imputadas otras aparecen como víctimas y, a partir de ahí, citar otros nombres sería propiciar una caza de brujas".

Asimismo, aseguró que la Diputación de Gipuzkoa "respeta los procesos judiciales y a las personas incluso, aunque otros no lo hagan, en periodo electoral y nuestro papel en este tema es seguir respetando a esas personas y colaborar con el proceso de investigación y de aclaración de los hechos".

Preguntado por la posibilidad de que la Hacienda recupere el dinero que no fue ingresado en sus arcas, recordó que el ente foral se ha personado en el procedimiento y que será "el proceso judicial el que determinará cuáles son las responsabilidades y, por tanto, a qué procedimientos debe acudir la Hacienda foral para tratar de recuperar el dinero sustraído".

En ese sentido, Koldo Azkoitia explicó que, a efectos de Hacienda, las deudas tienen un plazo de prescripción de cuatro años por lo que "habrá que ver en su momento y en cada caso como están los expedientes y qué resoluciones judiciales se producen al respecto".

Por último, señaló que "en su día esas personas se supone actuaron de buena fe e hicieron las declaraciones que el personal de Hacienda les decía que tenían que hacer y las liquidaciones que tenía que hacer. Si esos pagos han prescrito habrá que ver si esa prescripción es efectiva o si el proceso judicial desencadena resoluciones diferentes al respecto".