El ICAM dice que le guía la defensa del secreto profesional y que haría "lo mismo" con la "esposa de"

   MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

   La acusación popular que ejerce el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reivindicado en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha intervenido en este caso en defensa del "sacro" secreto profesional, aseverando que habría hecho "exactamente lo mismo" si en vez del "novio de" fuera la "esposa de".

   El letrado Ignacio de Luis ha argumentado en su informe final que la intención del ICAM es proteger el secreto profesional en su dimensión de "libertad negocial" porque los acuerdos de conformidad no surgen por "generación espontánea" sino de los contactos entre los abogados defensores y la Fiscalía en un contexto de confidencialidad.

   Y ello, ha explicado, porque si las negociaciones trascienden a la luz pública puede que nunca cristalicen porque las acusaciones populares lo impidan.

   Según testificó el nuevo fiscal del caso contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, cuya querella ha terminado con García Ortiz juzgado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos, ese fue precisamente el motivo de que no haya acuerdo en su causa por delitos fiscales, ya enviada a juicio.

   "Precisamente eso es lo que justifica que entendamos que este deber es sacro (...) No se puede sacrificar en ningún altar de la oportunidad política", ha declarado.

    De Luis ha esgrimido que si se impone la premisa de que "aquí no pasa nada" porque "lo que importa es la verdad periodística", el resultado --hasta "medieval"-- es que "haga lo que haga" el acusado queda "a los pies de los caballos".

    Además, ha querido aclarar que el ICAM "haría exactamente lo mismo" si el perjudicado por estas filtraciones "en vez de ser novio de" fuera "esposa de". "Creo que con esto se me entiende perfectamente", ha apostillado en una clara alusión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno a la que investiga un juzgado madrileño.

UNA "DIMENSIÓN POLÍTICA" 

    No obstante, sí ha afirmado la existencia de una "dimensión política" de la causa, que ha recordado que apreció el magistrado instructor, Ángel Hurtado, si bien al mismo tiempo ha indicado que la Sala de Apelación hizo bien en frenarlo porque "llevaba a un callejón sin salida".

    De esta forma se ha referido a la alusión que hizo Hurtado, al acercar a juicio a García Ortiz, de que había actuado por "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", algo que la Sala de Apelación eliminó de la causa al entender que tal afirmación no había sido "acreditada con suficiencia".

    Hurtado se apoyaba en el hecho de que la entonces asesora de Monloca Pilar Sánchez Acera recibiera un pantallazo del 'email' supuestamente filtrado por el fiscal general, donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer delitos a cambio de evitar la cárcel, y a las 8:29 del 14 de marzo se lo enviara al que era en ese momento líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo usara contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

    "Tenemos a una política que ha hecho uso de una información privilegiada", ha manifestado el abogado del ICAM para subrayar a continuación que es "fácil" inferir hacia dónde lleva este "vector".

    También ha apreciado esa vis política en el "cianuro" que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quería añadir a la nota de prensa difundida por el Ministerio Público a las 10:22 del 14 de marzo con el detalle de los correos que se intercambiaron la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto.

    "El problema es meter una carga venenosa a lo que tenía que ser un mero comunicado objetivo", si lo que se quería era reaccionar a "una noticia de prensa que venía desnortada" sobre quién ofrecía pactar, ha comentado, refiriéndose a lo publicado por 'El Mundo' a las 21:29 del 13 de marzo, que atribuía la iniciativa a Fiscalía.

    "El problema de ganar el relato es que se está descendiendo al juicio paralelo por la propia Fiscalía", ha remachado.

"CAUSA-EFECTO" DE "UNA NOCHE TREPIDANTE"

   Al igual que la acusación particular que ejerce el novio de Díaz Ayuso, el letrado del ICAM ha identificado al supuesta filtración del 'email' de 2 de febrero de 2024 -con la oferta de confesión-- a la Cadena SER la noche del 13 de marzo como un medio para lograr el que sería el verdadero fin: publicar una nota de prensa, a la mañana siguiente, donde se plasmara ese reconocimiento.

   De Luis ha apuntado a una relación "causa-efecto" de lo que ha calificado como "una noche trepidante", la única que --a su juicio-- cumple el "canon de lógica", frente a las "explicaciones inverosímiles" que ha afeado a la defensa.

   Al hilo, ha calificado de "sorprendente" que los periodistas que testificaron que tenían la información antes que el fiscal general no la publicaran cuando la recibieron; que se haya deslizado que "incluso la señora de la limpieza" pudiera acceder al material y filtrarlo; o que el encargado de protección de datos de Fiscalía justifique "quiebras de seguridad".

   En este punto, se ha detenido a analizar el papel de la prensa para lanzar la reflexión de si el secreto profesional, en este caso de los periodistas, puede protegerse hasta generar lo que ha definido como "un espacio de impunidad absoluto".

   En todo caso, ha planteado si, incluso admitiendo que "nueve periodistas y una política" manejaran esa misma información, "una divulgación 'erga omnes', frente a todo el mundo, por parte de la más alta autoridad de la Fiscalía no tiene ningún tipo de consecuencia".

   Asimismo, ha criticado el final de la intervención del fiscal general del Estado, cuando dijo que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende", al considerar que, si bien puede ser "poética", también es veladamente autoincriminatoria.

LAS ACUSACIONES POPULARES VEN MÁS DELITOS

   Las demás acusaciones, que se han ido adhiriendo sucesivamente al alegato de sus compañeros, han reiterado que "la única explicación razonable", a su juicio, es que García Ortiz fuera el filtrador, rechazando que la causa se sostenga solo en un "cúmulo de indicios".

    "No solo hay prueba indiciaria, hay prueba directa", ha aseverado el letrado de Manos Limpias, Víctor Soriano, que también ha recriminado a la defensa que no ha hecho "ningún esfuerzo" por acreditar que las cientos de personas que, según esa parte, pudieron acceder al 'email' lo hicieran --o no--, algo que cree que habría dejado rastro digital salvo un "ejercicio casi de 'hacker' informático".

   El abogado Fernando García-Capelo, de la Fundación Foro Libertad y Alternativa --que aglutina también a Vox y Hazte Oír--, ha añadido un elemento novedoso por cuanto ha aducido que también se le debe condenar por prevaricación por la "orden injusta" de que todos los 'emails' se le enviaran a su correo personal de Gmail.

   Por su parte, Juan Antonio Frago, letrado de la acusación que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), también ha mantenido que García Ortiz no solo habría cometido un delito de revelación de secretos, sino que también habría perpetrado un "acceso ilegítimo" al correo "reservado" entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto.

   "Toda la prueba apunta a que el fiscal general lo pidió porque era el fiscal general", ha dicho, para luego manifestar que dicha actuación --en su opinión-- no encajaría en la dación de cuentas que contempla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).