Defiende que el director general de Emergencias con Matas asesoró a Iturri sobre dos proyectos porque era "muy válido en sus conocimientos"
PALMA DE MALLORCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Uno de los responsables comerciales de la empresa Iturri, Eduardo Díaz Hervás, ha asegurado en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Bomsai que su sociedad acordó en 2004 pagar 120.000 euros al director general de Emergencias en la pasada legislatura, Joan Pol, por unos servicios de asesoramiento que prestó para dos proyectos, por lo que ha negado de forma tajante que se tratase de un soborno al ex alto cargo del Govern del PP, en contra de lo que postula la Fiscalía Anticorrupción.
Así lo ha puesto de manifiesto el encausado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, que le ha interrogado por el cobro de estos 120.000 euros (140.000 con el IVA) que, de acuerdo a las investigaciones, corresponderían al pago de una comisión por parte de Iturri, que gozó de una notable participación en la dotación técnica del nuevo parque de bomberos de Palma y por la que percibió unos ocho millones de euros.
En su comparecencia, que se ha prolongado durante más de dos horas y en la que se le han exhibido numerosos informes y documentos relacionados con este pago, el director comercial de Iturri en la unidad de negocio de emergencia de la zona norte de España ha incidido en que Pol asesoró de manera "informal" y verbal durante tres años sobre la mejora de un sistema de comunicación para situaciones de emergencias (Gestfiere) y sobre la puesta en marcha de una nueva escuela de bomberos, ya que era "muy válido en sus conocimientos".
El imputado, asistido por el letrado José María Rebollo, ha negado de este modo que estos servicios prestados tuvieran relación con el nuevo parque de bomberos, cuya adjudicación y construcción están siendo investigadas por un presunto desvío de fondos públicos. "Hablé con Pol para que no nos dejara colgados y atraerlo a la empresa, y le ofrecí 120.000 euros" que el entonces director general aceptó pese a que éste "nunca" había pedido ninguna cantidad.
En este sentido, ha explicado que Iturri delegó en él para que hablara con Pol y que acudió a su director general Amadeo Douton -quien también ha comparecido este jueves aunque en calidad de testigo- para decirle que se sentía "incómodo" y que había que pagar a Pol. Mientras, fue el director de financiación, José Manuel Cervantes, quien le comunicó que el pago había que articularlo con tres facturas, pese a que la persona que finalmente las abonó "no sabía que el concepto era falso".
La acusación pública mantiene que el ingreso fue canalizado mediante tres facturas cuyos conceptos son "evidentemente falsos". Ya el pasado mes de agosto Pol, defendido por Gaspar Oliver, justificó ante el magistrado que entre 2004 y 2007 llevó a cabo un servicio de asesoramiento por el que pactó el cobro de 120.000 euros a través de la sociedad Masal Urbis -en la que participaba- para no declararlo a Hacienda "de golpe", cantidad de la que no vio "ningún euro" pese a que dedicó a este servicio "muchas horas" de trabajo.
Al respecto, Díaz ha explicado que desde la sociedad de Pol le dijeron que no podía facturar por asesoramiento ya que éste no era el objeto de la empresa, sino que había que hacerlo en concepto de "obras". Preguntado por el fiscal Miguel Ángel Subirán acerca de si en alguna otra ocasión ha recibido asesoramiento verbal y ha sido remunerado, ha manifestado que sí, "de varios temas y con personas diferentes, dado que ese es mi trabajo y para eso me pagan".
CON POL "NUNCA SE HIZO UN CONTRATO"
Previamente ha prestado declaración Amadeo Douton, quien se ha desvinculado de la decisión de emitir tres facturas por ser una cuestión administrativa, aunque ha señalado que cuando en su día preguntó por ellas, le comentaron que eran por reparaciones y obras "y no le di más importancia" y ha asegurado desconocer el motivo. Además, ha apuntado que con Pol nunca se realizó un contrato y que fue al cabo de dos años de que éste estuviera asesorando a Iturri cuando Díaz le dijo que "moralmente" había que abonar "de alguna forma" sus servicios.
Finalmente, el testigo, coordinador de Iturri para Canarias, Valencia y Cataluña, ha afirmado que no vio ni firmó factura alguna y que únicamente se limitó a decir que le parecía bien que le pagaran 120.000 euros, cantidad que supone que se decidió en las conversaciones entre Díaz y Cervantes. "Dije que no sabía si era mucho o poco pero que había visto un tiempo dedicado y unos resultados y le dije a Cervantes que me parecía bien", ha concluido.
En concreto Pol, también ex consejero de la empresa pública CAIB Patrimoni, en libertad bajo fianza de 30.000 euros, se enfrenta por estos hechos a un presunto delito de cohecho y a otro de prevaricación.
Cabe recordar que el socio al 50 por ciento de Pol en Masal Urbis, Joan Mas, aseguró -tanto en sede policial como judicial- que el ex director general le ordenó en 2007 emitir tres facturas por un total de 140.000 euros a Iturri, pese a no constarle que la empresa participada por ambos realizase algún servicio que justificase el cobro. Es más, recalcó que todas las facturas las confeccionó el mismo día, si bien poniéndoles fechas diferentes.
