Los informes patrimoniales de 'los charlines' denotan que hubo actividad que podría buscar aflorar capital ilícito

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El funcionario que realizó hasta 22 informes patrimoniales durante la instrucción de la causa que se siguió contra el clan de 'los charlines' por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ha ratificado ante el tribunal su dictamen y ha confirmado a preguntas del fiscal que los investigados realizaron una actividad sospechosa que podría buscar aflorar capitales de procedencia ilícita.

Esta quinta jornada del juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares contra cuatro de los hijos del ya fallecido capo Manuel Charlín y dos de sus nietas, además de tres presuntos testaferros, ha sido la más breve de todas, habida cuenta que las defensas han renunciado a bastantes de los testigos propuestos y otros ya habían fallecido.

La testifical de más calado en el día de hoy ha sido la del funcionario que analizó los datos de la Agencia Tributaria sobre los investigados. El fiscal ha focalizado su atención en el patrimonio de Teresa Charlín y en el hecho de que pudiera prestar 700.000 euros a su hija Natalia Somoza para que se hiciera con una depuradora de marisco en una subasta judicial.

Según se desprende de lo declarado por el funcionario, el patrimonio del que disponía Teresa no habría sido suficiente para poder hacer frente a ese préstamo que dio a su hija.

Frente a esto, la defensa de Teresa Charlín ha puesto sobre la mesa que su defendida en sentencias anteriores no fue encontrada culpable ni de tráfico de drogas ni de blanqueo y por tanto su patrimonio inmobiliario le fue devuelto, algo que podría haber sido suficiente para poder prestar esa cantidad a su hija, como así ha defendido ella misma durante el juicio.

NO HUBO PROBLEMAS DE PAGO EN 'B'

En el día de hoy también ha comparecido quien fuera administrador judicial de esa planta de marisco, José Antonio Morín, que ha señalado que no recuerda que en el tiempo que llevó esa empresa tuviera constancia de que hubiera un problema de facturación en 'b' --lo que podría justificar que se usara para blanquear por parte de los charlines--.

A preguntas del fiscal ha incidido en que en la gestion ordinaria de los administradores judiciales no se encontraron con compradores o proveedores que quisieran facturar en 'b'.

DE CINCO A SEIS AÑOS DE CÁRCEL

Cabe recordar que en este juicio, que se sigue en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva, la Fiscalía Antidroga solicita penas que van de los cinco a lo seis años de prisión para cada uno de los acusados, y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno.

También se interesa el decomiso a favor del Estado de bienes patrimoniales, en concreto una depuradora de marisco en Arousa (Pontevedra), varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa y fondos bloqueados en Suiza, entre otros.