La ONG española ha localizado a los 35 ocupantes del 'Marine I' en una comisaría de la capital de Cabo Verde
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió hoy de que si se decide trasladar finalmente a los 35 subsaharianos que se encontraban a bordo del 'Marine I' y fueron enviados a Cabo Verde a Guinea Conakry el Gobierno español estará violando el Derecho Internacional, debido a la situación de inestabilidad e inseguridad en que se encuentra este último país.
La ONG española indicó en un comunicado que ha localizado a las 35 personas que fueron trasladadas desde Nuadibú a Cabo Verde y que se encuentran desde el pasado martes en Praia. Los inmigrantes, según CEAR, proceden en su mayoría de Guinea Conakry y están internados en la comisaría de policía Eugenio Lima, donde las autoridades no han permitido que sean visitados por un abogado de la organización.
En virtud del acuerdo alcanzado por España, Mauritania y Guinea la semana pasada, estos 35 inmigrantes debían ser trasladados al tercer país, que precisamente es escenario en las dos últimas semanas de disturbios tras la designación del nuevo primer ministro que han dejado decenas de muertos. La crisis en Guinea Conakry obligó, sin embargo, a un traslado temporal a Cabo Verde debido a la inseguridad en el primero.
Por ello, CEAR expresa su temor a que el traslado a este país finalmente se confirme y advierte de que el Gobierno español, bajo cuya responsabilidad se realizó el traslado a Cabo Verde, tiene una corresponsabilidad en la devolución a Guinea de estos 35 ciudadanos. A este respecto, subraya que dicha devolución que vulneraría el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 y en el Protocolo Adicional III, establece que ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de ser sometida a tratos inhumanos, crueles o degradantes.
Además, añade la ONG, su traslado a Guinea, que en estos momentos se encuentra en estado de sitio y sufre una grave inestabilidad social y política, supone también una vulneración de la Convención de la ONU contra la Tortura, que establece que no podrá haber expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado en el que haya violaciones de Derechos Humanos y en el que por tanto esa persona pueda estar en peligro de ser sometida a tortura.
Asimismo, CEAR expresa su preocupación por el hecho de que estos 35 inmigrantes puedan necesitar protección internacional, en cuyo caso, añade "estaríamos hablando de refugiados que no han tenido acceso al derecho de petición de asilo". Si son devueltos a Guinea sin que este derecho se haya hecho efectivo, precisa la ONG, se estaría vulnerando el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, que establece el principio de no devolución por el que se prohíbe poner al refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad corra peligro.
Por último, CEAR lamenta que estas devoluciones colectivas que difícilmente cumplen con las mínimas garantías jurídicas, sean presentadas por los gobiernos europeos como una solución que además de efectiva y rápida podría disuadir de la decisión de emigrar, cuando son ante todo mensajes de insolidaridad hacia las condiciones de los países de origen de las migraciones, e ignoran la dignidad de las personas.
En esta línea, critica el que se obligue mediante acuerdos a países terceros a asumir la contención de las migraciones a cambio de apoyo material, económico y humano, delegando en estos países la responsabilidad de unas acciones que en realidad responden a políticas europeas.
