Inmigración.- Policías en Gerona exigen al Gobierno instrucciones ante el temor de cometer detenciones ilegales

También requieren a la Fiscalía que garantice que se ofrezca abogado e intérprete a los extranjeros devueltos a Francia MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Policías nacionales en la provincia de Gerona exigieron hoy al Gobierno que les dé instrucciones sobre cómo deben actuar en las devoluciones de extranjeros que, procedentes de Francia, intenten penetrar en territorio español en situación irregular debido a que tienen la sospecha de estar cometiendo "detenciones ilegales" por no ofrecerles a los extranjeros "abogado y en su caso intérprete".

Así lo ha solicitado la Comisión Ejecutiva Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Gerona al subdelegado del Gobierno, Francesc Francisco-Busquets, según explicó a Europa Press el secretario provincial del SUP de Girona, Jesús Prada, quien admitió llevar "años" preocupándose por esta cuestión mientras desde el Gobierno se dice a los policías que están "cubiertos".

Sin embargo, la alarma entre estos funcionarios de Policía volvió a dispararse cuando la semana pasada llegó a sus manos la copia de un escrito del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, con fecha de diciembre de 2005, en el que daba orden al comisario jefe provincial de Policía para que posibilitara en las devoluciones el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica.

Según el SUP, en ese escrito del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa se especifica que la Abogacía General del Estado ha emitido un informe sobre cómo deben realizar los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía las devoluciones de extranjeros en situación irregular procedentes de Francia.

Por este motivo la Comisión Ejecutiva Provincial del SUP en Gerona dirigió una carta al subdelegado del Gobierno en Gerona donde se le trasladó que no acierta a comprender que "nadie se haya dignado ni a informar ni a tomar las pertinentes medidas (...) ante la gravísima situación descrita".

En esa misiva, Ejecutiva Provincial subraya que "aún está candente" la condena a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid en enero de 2005.

Para la Ejecutiva de Gerona "los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están realizando servicios en las Unidades de Extranjería y Documentación de la provincia de Gerona están incurriendo desde hace varios años en constantes detenciones ilegales al aplicar el Acuerdo de Readmisión Hispano francés, sin abogado e intérprete", continúa la carta dirigida al subdelegado.

El secretario general de la Ejecutiva de Gerona también se quejó de que la respuesta que han recibido del subdelegado haya sido que le ha trasladado su carta al Director General de la Policía del Ministerio del Interior por entender que el asunto es de su competencia. Para Prada, es el subdelegado quien debería informarse y dar las correspondientes órdenes a los policías de la provincia.

PETICIÓN A LA FISCALÍA

Asimismo, la Ejecutiva Provincial del SUP en Gerona dirigió otra carta el pasado 30 de mayo al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Gerona pidiéndole que esa Fiscalía realice "las gestiones necesarias" para que cuando los policías vayan a aplicar el Acuerdo de Readmisión con Francia a los extranjeros en situación irregular "sean cubiertas en todo momento las garantías jurídicas de asistencia letrada e intérprete en los términos legales previstos, debiendo citar la Ley Orgánica 4/2000 y sus posteriores modificaciones". Prada precisó a Europa Press que todavía está esperando respuesta del fiscal.

La Ejecutiva Provincial quiso aclarar que desde 2003 se ha preocupado por esta cuestión y por ello en noviembre de ese año el SUP preguntó al Consejo de Policía por este asunto. Según el sindicato policial, el Consejo contestó que los agentes no incurrían en ninguna responsabilidad al aplicar el Acuerdo de Readmisión Hispano Francés al no garantizar a los extranjeros readmitidos la asistencia de abogado e intérprete.

En enero de 2005, el SUP volvió a formular la misma pregunta al Consejo de Policía y éste se pronunció en la misma línea que en 2003. Además, en 2005 el Consejo consideró "una cuestión irrelevante" la situación de privación de libertad, de un máximo de cuatro horas, que sufren los extranjeros a los que se aplica el acuerdo de readmisión con Francia.