MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
La instalación de sistemas de grabación en vídeo de los juicios penales, previstos en la reforma judicial aprobada por el Consejo de Ministros el 16 de diciembre y aún pendiente de tramitación parlamentaria, tendrá un coste aproximado de siete millones y medio de euros, según la memoria económica del proyecto.
De esta cantidad, más de 3 millones de euros deberán ser costeados por el Estado. Entre ellos, unos 1.750.000 euros corresponden a los territorios gestionados por el Ministerio de Justicia, y unos 1.270.250 a Cataluña, cuyo sistema de financiación no incluye estos gastos.
El coste para el resto de comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia asciende, según los cálculos del Ministerio, a más de 4,4 millones de euros.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros también contempla la posibilidad de que este tipo de sistemas de vídeo sean aplicados en los órdenes contencioso-administrativo y social, dependiendo de "la disposición de los medios técnicos necesarios para ello".
Según el informe del ministerio, la nueva oficina judicial pretende "regular la distribución de competencias entre jueces y tribunales, por un lado, y secretarios judiciales, por otro". Por eso, "no implica un aumento del gasto público" -salvo los sistemas de grabación- porque "no se crea una nueva estructura organizativa que tenga repercusión presupuestaria".