IU denuncia que la web de la Agencia Tributaria mantiene un enlace a la Conferencia Episcopal y pide una rectificación

Actualizado: lunes, 12 mayo 2008 15:47

Llamazares y Meyer critican la directiva de retorno y piden un "marco normativo internacional para las migraciones con derechos humanos"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, denunció hoy la "ambigüedad del Gobierno en materia religiosa" por decir que "lidera" una nueva ley de Libertad Religiosa, al tiempo que mantiene las exenciones fiscales a la Iglesia Católica e incluso desde la web de la Agencia Tributaria mantiene un enlace a la de Conferencia Episcopal.

"Espero de la coherencia del Gobierno que además de una ley en materia de libertad de creencias adopte medidas con respecto a la financiación de la Iglesia Católica, a la aconfesionalidad de las Administraciones Públicas y con respecto a la formación en las escuelas para que realmente se muestre esa voluntad de aconfesionalidad del Estado, cosa que no ocurre hasta ahora, con un Estado pseudoconfesional", planteó en rueda de prensa.

Fuentes de IU explicaron que la coalición pedirá la retirada de este enlace desde la web de la Agencia Tributaria hasta la de la Conferencia Episcopal, y que incluso preguntarán al Gobierno en el Congreso sobre la cuestión.

Para Llamazares, si la Agencia Tributaria "no solamente mantiene las exenciones fiscales a la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta, sino que incluso desde su web mantiene también un enlace a la Conferencia Episcopal, es que algo no va bien en la aconfesionalidad del Estado".

CRÍTICAS A LA DIRECTIVA DE RETORNO DE INMIGRANTES

Por otro lado, criticó duramente a la directiva de retorno de inmigrantes de la Unión Europea (UE), y consideró que el apoyo del Gobierno español demuestra un "giro hacia el centro derecha, por ser un intento de desregulación en derechos humanos y expulsión".

Recordó que el Gobierno español quiere aumentar el período de retención de los inmigrantes ilegales, y avisó de que si así lo decide finalmente, "se produciría una ruptura unilateral por su parte, ya que la situación actual es fruto del consenso de muchas partes implicadas".

A su juicio, la situación actual es un "intento del Gobierno de usar" la directiva de retorno para "endurecer la política inmigratoria, de usar los mínimos europeos para restringir políticas generadas por acuerdos".

Por su parte, el eurodiputado de IU Willy Meyer, también presente en la rueda de prensa, explicó que esta directiva supondrá la "deportación de ocho millones de ciudadanos y un verdadero Estado de excepción, ya que se recupera, por ejemplo, la detención administrativa".

"Detrás de esta directiva se esconde el cinismo de la UE, que hizo en 2005 un libro verde de inmigración, donde reconocía que entre 2010 y 2030 se necesitarían más flujos migratorios para garantizar la sostenibilidad del bienestar europeo. Además, la UE no está cumpliendo con los objetivos del milenio", expuso.

En opinión de IU, según dijo, frente a este "Estado de excepción, frente a esta deportación masiva, hace falta un marco normativo internacional para las migraciones sobre la base de los derechos humanos, el pacto sobre los derechos civiles y políticos, y un pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales".

Por eso, avanzó que desde el grupo de la Izquierda Unitaria Europea van a defender campañas con todas las ONG's y con sindicatos, "que están en una batalla dura para intentar frenar lo que significa un retroceso sin precedentes en las garantías jurídicas de los Estados miembros de la Unión para intentar evitar esta deportación sin garantías".

Para Meyer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no puede ser cómplice" de esta iniciativa, y España tiene que "garantizar que se ponga fin a esta deportación, trabajando por las garantías y la regulación de los flujos migratorios".

Acerca del Tratado de Lisboa, consideró una "burla a los ciudadanos que se les impida ser protagonistas de un proceso constituyente europeo", al tiempo que adelantó su compromiso de realizar una "campaña sostenida" en su contra. Así, reclamó que las próximas elecciones europeas sean "constituyentes, para que el próximo Parlamento Europeo tenga por objetivo una Constitución ambiciosa".