IU recuerda que ya denunció la venta de una parcela de 40.000 metros y el PSOE pide la dimisión del alcalde de Totana

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 26 noviembre 2007 15:44

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU en el ayuntamiento de Totana (Murcia), Juan José Cánovas, recordó hoy que hace un año su partido presentó una denuncia ante el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, porque el consistorio renunció a sus derechos sobre una parcela de 40.000 metros cuadrados y autorizó a la empresa alicantina Kappa la venta de estos terrenos a Maryper. Los socialistas, por su parte, pidieron la dimisión del alcalde de Totana, del Partido Popular.

Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos seis personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación. La operación está relacionada con la recalificación de más de 2 millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.

Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.

La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Cánovas recordó que hace un año, IU presentó una denuncia ante el fiscal jefe, Manuel López Bernal, debido a que el Ayuntamiento de Totana renunció a sus derechos sobre una parcela de 40.000 metros cuadrados y autorizó a la empresa alicantina 'Kappa' la venta de estos terrenos a 'Maryper', por la que la primera obtuvo un beneficio aproximado de 100 millones de euros. Todo ello se deriva, a juicio de Cánovas, de "la mayoría absoluta del PP que, de alguna forma, no ha ejercido un control democrático en los temas urbanísticos". Cajamurcia y el grupo 'Maryper', que no quisieron confirmar registros en sus sedes.

La Guardia Civil registra, en estos momentos, distintos domicilios particulares de Totana, además de una asesoría, una empresa, una oficina de Cajamurcia y la Concejalía de Urbanismo de la localidad, según fuentes consultadas por Europa Press. El portavoz del PSRM-PSOE y diputado socialista en la Asamblea Regional, José Ramón Jara aseguró que no le sorprende la noticia. El motivo de estos registros sería, al parecer, el esclarecimiento de supuestos delitos urbanísticos.

Jara, preguntado por Europa Press, expresó su tristeza pero aseguró que no le "sorprende". En este sentido, puso de relieve que todo ello es consecuencia de que "los ayuntamientos del PP y la Administración Regional del PP han sido demasiado condescendientes con operaciones especulativas de dudosa legalidad".

UN TERCIO DE ALCALDES DEL PP PROCESADOS.

Por su parte, Jara recordó que "ya se han puesto algunas denuncias en los tribunales y la Justicia, por su cuenta, ha actuado de oficio". Así, enfatizó que "un tercio de los alcaldes del PP, el de Totana entre ellos, estaban ya procesados por diversas causas relacionados con la corrupción y la especulación en los tribunales".

En este sentido, consideró que los registrados practicados por la Benemérita en Totana "demuestran que la Justicia trabaja y que teníamos razón los que decíamos que algo olía mal en asuntos urbanísticos de esta región".

Pese a todo, mandó un mensaje de tranquilidad a los murcianos, ya que, vaticinó, "la imagen de Murcia quedará limpia, dado que los jueces se encargarán de ellos y los que tengan que pagar penalmente, pagarán".

Además, argumentó que "haría un gran favor el alcalde de Totana, José Martínez, a la democracia y a su partido, dimitiendo tras este escándalo", al tiempo que pidió "respeto a la Justicia y a las responsabilidades penales que puedan o no haber".

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