MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) planteó al presidente del Congreso, José Bono, el pasado mes de febrero que todos los vuelos de los diputados se realizaran en turista y no en preferente como muestra de la necesaria austeridad que hay que practicar ante una crisis económica como la que vive España.
Ésta fue una de las reivindicaciones que el diputado de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, hizo llegar a Bono cuando éste pidió a los grupos políticos que le enviaran propuestas para reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios, endurecer su actual sistema de incompatibilidades y dar mayor a transparencia de sus bienes.
Sin embargo, esta demanda, que IU ya había llevado sin éxito a la Mesa del Congreso la pasada legislatura, como todas las demás que presentaron entonces los distintos grupos parlamentarios, siguen aparcadas a la espera de que Bono y el presidente del Senado, Javier Rojo, se reúnan para decidir cómo canalizan la aplicación de las sugerencias realizadas por los partidos políticos.
TRAS LA POLÉMICA EN BRUSELAS
La petición de Llamazares cobra de nuevo relevancia después de que se haya conocido que los eurodiputados 'populares' y socialistas unieron este miércoles sus votos en el Parlamento europeo para negarse a viajar en turista, como medida de ahorro, prefiriendo la tarifa preferente.
A diferencia de la Eurocámara, el Congreso no abona el coste del billete a los diputados, sino que paga a Iberia, la compañía aérea con la que tiene un contrato especial, una tarifa de clase turista con independencia de si los parlamentarios viajan o no en preferente, según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.
CONDICIONES ESPECIALES
Concretamente, la Cámara Baja tiene suscrito un convenio con la citada empresa para pagar a fin de año los billetes de avión de los diputados conforme a tarifas bonificadas, similar a la clase turista, aunque ellos sean ubicados en clase preferente, siempre que haya sitio al reservar el vuelo. La última actualización del convenio se firmó en el año 2000.
Se trata de condiciones especiales que las compañías ofrecen a las grandes cuentas y es el mismo modelo que rige al sacar a concurso las comunicaciones (telefonía fija, móvil e Internet) para todo el Parlamento.
