También quiere obligar al Gobierno a motivar la concesión del perdón y no permitirle que indulte sin aval de los tribunales
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley que aboga por modificar la actual legislación sobre indultos, que data del siglo XIX, de manera que se obligue al Gobierno a motivar la concesión de la medida de gracia, que no puedan aprobarse en contra del criterio del tribunal sentenciador y que no se puedan indultar delitos que causen alarma social, como los de corrupción.
El objetivo de esta reforma de la Ley del Indulto, que data de 1870 --aunque después haya sido modificada-- es que su aplicación sea "transparente", que los indultos "no sean injustos" y que se ponga fin al "abuso endémico" que los sucesivos gobiernos han venido haciendo de la medida de gracia.
JUSTICIA "PARALELA Y SESGADA"
Desde la Izquierda Plural cifran en unos 500 los indultos que el Ejecutivo concede anualmente y entre otros los beneficiarios han sido políticos, jueces, banqueros o personas ligadas al poder político o económico, lo que, a juicio del portavoz de Justicia del grupo parlamentario, Gaspar Llamazares, da lugar a una Justicia "paralela y sesgada".
Por ello, en su proposición, IU-ICV-CHA aboga por excluir determinados delitos del ámbito del indulto y cita, entre otros los de estafa, apropiación indebida, blanqueo de dinero, los societarios y contra la Administración y la Hacienda públicas, los de malversación y fraude, prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, y delitos electorales y ecológicos.
También reclama que el Gobierno tenga que detallar en sus resoluciones expresamente, al menos, el concreto delito cometido, el grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de la imputación (autor o cómplice), la pena principal en que recaiga la gracia, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justificó a juicio del Gobierno.
Estos mismos puntos deberían constar, de manera sucinta, en los reales decretos por los que se conceden los indultos y que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tendrán que seguir incluyendo los datos que contienen ahora sobre el órgano sentenciador, las variables temporales y las condiciones impuestas.
PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS
Además, la Izquierda Plural quiere que, para que el Gobierno pueda otorgar un indulto parcial o total, el magistrado o tribunal sentenciador tenga que acreditar "razones de justicia equidad o utilidad pública" para la concesión.
En el caso de que exista un informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno deberá someter la petición de indulto a una Comisión Mixta, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan un informe vinculante para el Ejecutivo.
Asimismo, la Izquierda Plural aprovecha su proposición para exigir por ley que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso copia de los expedientes de indulto concedidos, así como que publique anualmente todos los datos estadísticos sobre la utilización de esta medida garantizando el libre acceso público a los mismos.
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