En una de las causas están imputadas por integración en ETA 15 personas vinculadas con el PCTV
MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sentencia del Tribunal Supremo que condenó hoy por integración en organización terrorista a 23 miembros de Jarrai, Haika y Segi puede afectar de forma directa a la conclusión a la que lleguen otros seis sumarios abiertos en la Audiencia Nacional en la que están procesados integrantes de organizaciones consideradas del entorno de ETA. Entre estas causas están las diligencias previas que se tramitan desde julio de 2005 contra 15 miembros del PCTV, por integración o colaboración con banda armada.
Las demás son las referidas al entramado KAS-EKIN-XAKI, al colectivo de apoyo a presos Gestoras Pro Amnistía y su sucesora Askatasuna, la asamblea de electos vascos Udalbiltza Kursaal, la red de 'herriko-tabernas' vinculadas a Batasuna, y el diario Egunkaria.
Diferentes fuentes de la Audiencia Nacional comentaban hoy la posibilidad de que la sentencia del alto tribunal tenga repercusión inmediata en el fallo que adopte la Sección Tercera de la Audiencia Nacional con respecto al denominado "macroproceso 18/98" contra el entorno de ETA, en el que actualmente se juzga a 53 personas por su vinculación con KAS, el aparato político de ETA, y su sustituto, EKIN.
Este sumario, en cuya vista oral se están viendo ahora las pruebas documentales, fue iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con la clausura del diario Egin el 15 de julio de 1998, para investigar distintas formas de financiación de ETA a través de empresas y sociedades de la izquierda abertzale.
Algunos de los acusados en el "macroproceso" tienen relación relación con la Fundación Joxemi Zumalabe, que puso en marcha en el País Vasco distintas iniciativas que tenían la "desobediencia como uno de los ejes de la construcción nacional", como la de expedición del DNI vascos, y otros vinculados con el aparato internacional Xaki.
GESTORAS, PENDIENTE DE JUICIO.
Además, actualmente está pendiente que se señale la fecha de comienzo del juicio contra 27 procesados por integración en ETA a través de su actividad en el colectivo de apoyo a presos Gestoras Pro Amnistía y de su sucesora, Asktasuna, para quienes se solicitan diez años de prisión por integración en ETA.
Según el escrito de calificación provisional que el Ministerio Público presentó en junio de 2005, los responsables de Gestoras ejercen el control de los presos de ETA, así como la comunicación entre éstos y sus dirigentes. Entre los procesados se encuentran los responsables nacionales Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Junco. El juicio se celebrará ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia, el mismo tribunal que juzgó el "caso Jarrai", aunque ninguno de los magistrados que suscribió dicha sentencia continua adscrito a la Sala.
El Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, procesó en septiembre de 2004 a 21 miembros de la Udalbiltza Kursaal (asamblea ilegal de electos vascos) por integración en organización terrorista y allegamiento de fondos a banda armada. Entre los procesados se encuentran Xabier Alegría (que es también el principal encausado en el macroproceso contra EKIN), además de Miriam Campos y Mikel Garmendia.
Según las conclusiones de Garzón, con la creación de la Udalbiltza ETA buscaba contar con una estructura para mantener su presencia en las instituciones municipales. Actualmente está pendiente la presentación del escrito de acusaciones por parte de la Fiscalía.
Otro de los sumarios que pueden verse afectados por los argumentos del Supremo con respecto a Jarrai es el que actualmente tramita también Garzón por la supuesta sumisión a ETA de Batasuna a través de la red de 'herriko-tabernas' vinculadas a la formación ilegalizada.
Entre los procesados integración en ETA en este sumario está el líder de la formación Arnaldo Otegi, actualmente en libertad bajo fianza de 50.000 euros, los ex miembros de HB huidos 'Josu Ternera' y Jon Salaberría y los también dirigentes de Batasuna Joseba Álvarez y Joseba Permach. El 17 de enero de 2006, el juez Fernando Grande-Marlaska prorrogó por dos años más la suspensión de actividades de Batasuna ya acordada por Garzón y la clausura de sus sedes.
Batasuna fue ilegalizada en marzo de 2003 por la denominada "sala del 61" del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, mientras que las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi son las primeras que han sido disueltas por la vía penal.
PCTV Y EGUNKARIA.
Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 mantiene abiertas otras diligencias, las numeradas 203/05, en la que se mantienen imputadas 15 personas vinculadas al Partido Comunista de las Tierras Vascas por integración o colaboración con banda armada.
Este sumario se encuentra prácticamente paralizado desde que el juez Grande-Marlaska admitiera a trámite el pasado 11 de julio la querella presentada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los representantes de esta formación política, si bien la causa se mantiene bajo secreto. A ella se han incorporado otras diligencias en las que está imputado el secretario del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga.
Finalmente, la Sala de lo Penal tiene pendiente abrir juicio oral o bien archivar las diligencias 44/04 instruídas por el juez Juan del Olmo contra siete responsables de la publicación del diario en euskera Egunkaria y otras empresas del grupo por asociación ilícita subordinada a ETA. En esta causa, entre cuyos procesados figura el ex director del diario, Martxelo Otamendi, la Fiscalía ha solicitado el archivo, mientras que las acusaciones particulares, en representación de la AVT y la asociación Dignidad y Justicia, piden que la causa siga adelante.
