Jordi Sànchez, Rull y Turull vuelven a pedir al TC su libertad y alegan que el Covid-19 les impide huir

(I-D) El exconsjero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull; el expresidente de ANC, Jordi Snchez; y el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, todos presos del procés, salen del Congreso de los Diputados, donde han iniciado los
(I-D) El exconsjero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull; el expresidente de ANC, Jordi Snchez; y el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, todos presos del procés, salen del Congreso de los Diputados, donde han iniciado los - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
Actualizado: jueves, 7 mayo 2020 19:21

Insisten en que el tribunal de garantías debe suspender sus condenas mientras resuelve los recursos contra la sentencia del Supremo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Snchez, y los exconsejeros de la Generalitat Josep Rull y Jordi Turull, condenados por el delito de sedición por el proceso independentista en Cataluña ha vuelto a pedir al Tribunal Constitucional (TC) que les deje en libertad mientras resuelve el fondo de los recursos presentados contra la sentencia del Supremo y alega que la pandemia del coronavirus les impide huir de la Justicia.

Así lo ha expuesto el abogado Jordi Pina en sendos escritos de alegaciones que ha presentado este jueves después de que el Pleno del TC acordase ayer por unanimidad admitir los recursos de casación, pero rechazara la medida cautelarísima de dejar en suspenso las condenas, tal y como hizo con los condenados por el asalto en 2013 al centro cultural Blanquerna.

La defensa insiste en que sus defendidos ya han cumplido "prácticamente dos años" de cárcel si se tiene en cuenta el tiempo que pasaron en prisión provisional. Snchez, condenado a 9 años de cárcel por el delito de malversación, fue de los primeros líderes independentistas acusados por el 'procés' en ingresar en prisión provisional, el 16 de octubre de 2017, junto al líder de mnium Cultural, Jordi Cuixart, y desde entonces continúa encarcelado.

El caso de Rull, condenado a 10 años y medio de cárcel e inhabilitación por sedición; y de Turull, a 12 años de cárcel e inhabilitación por el mismo delito y malversación, es algo diferente pues sí estuvieron tres meses en libertad provisional durante la instrucción de la causa. Los exconsejeros entraron en prisión el 2 de noviembre de 2017 y estuvieron hasta el 4 de diciembre de ese mismo año, pero volvieron el 23 de marzo de 2018, cuando conocieron su procesamiento.

RECHAZA QUE HAYA RIESGO DE FUGA

Asimismo, al igual que hizo en los recursos contra la sentencia del Supremo dictada el pasado 14 de octubre, Pina reitera que durante el tiempo que se encontraron en libertad, siempre han estado a disposición de la justicia y recuerda que los tres presos salen del centro penitenciario para trabajar en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Por ello, asegura que no hay ningún riesgo de fuga.

A ello añade que "en estos momentos", debido a la crisis sanitaria por el Covid-19 y las restricciones de libertad de movimientos impuestas tanto a nivel nacional como europeo e internacional, y que se prevén que continúen durante un tiempo, "cualquier hipotética posibilidad" de huir de la Justicia es "absolutamente nula".

Además, el abogado de Snchez, Rull y Turull ve justificado que se suspenda las condenas de prisión e inhabilitación mientras se resuelven los recursos porque, "dadas las circunstancias actuales", mantener en la cárcel a sus clientes no sólo vulnera los derechos fundamentales denunciados en sus recursos, sino que también se está poniendo en riesgo la vida y la salud de cada uno de ellos.

PROTECCIÓN DE LOS RECLUSOS

Así, recuerda que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el pasado 25 de marzo a los gobiernos a adoptar "medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en instalaciones cerradas", por lo que exhortó a las autoridades competentes a "reducir el número de reclusos".

Señala la defensa que, precisamente con este fin, el Ministerio del Interior trató de facilitar que los internos clasificados en tercer grado o aquellos a los que se les hubiera aplicado el régimen de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (en este caso, siempre que lo hubiera autorizado previamente el juez), "pudieran permanecer en sus casas sin necesidad de volver a los centros penitenciarios para dormir".