JpD cree que la admisión a trámite de la querella contra el lehendakari es jurídicamente "insostenible e irrazonable"

Europa Press Nacional
Actualizado: sábado, 10 junio 2006 15:04

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, aseguró hoy a Europa Press que la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la querella del Foro de Ermua por el encuentro entre miembros de Batasuna y el lehendakari es, "desde un punto de vista técnico y jurídico, insostenible e irrazonable".

Según explicó, "no se puede considerar a Ibarretxe colaborador necesario de un delito de desobediencia, ni de quebrantamiento de medidas cautelares, cuando realmente lo único que ha hecho ha sido reunirse con unas personas que representan una sensibilidad social".

En este sentido, el portavoz matizó que el lehendakari "no se ha reunido con una organización, ni con un partido político, aunque estas personas digan representar a un partido", porque como esa formación es ilegal, "esas personas no pueden representar algo que no existe".

Igualmente, Tapia explicó que la reunión no contraviene la Ley porque "esas personas no tienen tampoco reducidos ni eliminados sus derechos fundamentales" y, por lo tanto, "pueden reunirse".

Por otro lado, desde Jueces para la Democracia entienden que "los jueces deben resolver problemas y no enquistarlos", por lo que su portavoz aseguró que "resulta llamativo que haya sido admitida a trámite una querella presentada por una asociación que tampoco se sabe muy exactamente qué interés esconde", ya que "no parece que sea una perjudicada, ni que tenga ningún tipo de relación con el delito".

"Creemos que, tras el alto el fuego permanente de ETA, la nueva realidad social debe ser tenida en cuenta por los jueces a la hora de adoptar medidas, como ésta de la admisión a trámite de la querella", añadió.

CONGRESO NACIONAL

Jueces para la Democracia aprobó ayer un documento en el seno de su XXI Congreso Nacional denominado "Justicia, diálogo y paz" en el que afirma que los jueces no deben obstaculizar la paz, pero que yerran quienes creen que pueden rebasar sus competencias. Asimismo, el texto señala que las instituciones competentes deben ser las que adopten medidas penitenciarias y legislativas para encauzar el proceso de paz.

En el congreso también se procedió a la renovación de los miembros de su Secretariado. Ejercieron su derecho a voto 148 asociados de forma presencial y 141 por correo, lo que da un total de 289 votos (57,3% del censo) del total de 504 jueces con derecho a sufragio.

Este órgano esta formado por Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia de Vitoria, que actúa también provisionalmente como portavoz; Ascensión Martín, magistrada de la Sala de lo Contencioso de Murcia; Luis Manglano, magistrado de la Sala de lo Contencioso de Valencia; Jesús Rentero, magistrado de la Sala de lo Social de Castilla La Mancha; Miguel Angel Gimeno, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lourdes García, magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga; María del Carmen Santos, juez de zona de Siero (Asturias); José Manuel Riesco, magistrado de la Sala de lo Social de Castilla y León; y Fernando Cabezas, juez de lo Social de Pontevedra.

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