JpD y RIS instan a la Comisión Europea a actuar frente a las reformas legales del Gobierno

Actualizado 29/04/2015 11:29:50 CET

Consideran que atacan los principios básicos del Estado de Derecho

   MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Jueces para la Democracia (JpD) y Rights Internacional Spain (RIS) han remitido un informe a la Comisión Europea en el que denuncian las últimas reformas legislativas del Gobierno para denunciar que atacan principios básicos del Estado de Derecho, e instar a esta institución a "intensificar su escrutinio sobre la situación en España" y a adoptar medidas para evitar que esta situación se siga produciendo.

   En un comunicado, inciden en que la UE "debe actuar para proteger el estado de Derecho" y recuerdan que dispone de mecanismos que permiten a la Comisión Europea encontrar una solución con el Estado miembro de que se trate, en este caso España, "a fin de evitar que la amenaza sistemática al Estado de derecho se convierta en un claro riesgo de violación" de derechos. 

   Este mecanismo, según informan,  se activa ante graves amenazas al Estado de derecho y otros valores esenciales para la Unión Europea, algo que a su juicio se estaría dando en España con medidas como la Ley de Tasas judiciales, que aún se sigue aplicando a las Pymes, y la reforma de la Justicia Gratuita, que podría vulnerar el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos.

   En este sentido, destacan que durante la crisis, más personas han tenido que acudir a los abogados de oficio y este derecho se verá limitado con la nueva reforma, teniendo en cuenta además que en los últimos años, y hasta su derogación, entre el 25 y el 35 por ciento de los ciudadanos se ha visto privado de su derecho de acceso a la justicia por las tasas impuestas al principio de la Legislatura.

REFORMAS EN CURSO

   También consideran JpD y RIS que deberían retirarse las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley De Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema de Justicia.

   Denuncian asimismo la falta de medios de la justicia debido a la disminución progresiva del presupuesto para este departamento y la existencia de "interferencias políticas". Ambas cosas, afirman, tienen fuerte impacto en la independencia judicial.

   El informe da también traslado a la Comisión sobre la reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, especialmente por la disposición que crea el rechazo en frontera de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, lo que, señalan, pretende legalizar "las devoluciones en caliente" de ciudadanos extranjeros. 

   Para ambas organizaciones es importante que las reformas legales se hagan respetando un procedimiento democrático adecuado y transparente, llevando a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de Derechos Humanos.

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