Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia que aprobó los indultos a los líderes del 'procés', candidato al TC

Archivo - El magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo durante la clausura los actos de la semana conmemorativa del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en IE University, a 17 de junio de 2022, en Madrid (España). Los a
Archivo - El magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo durante la clausura los actos de la semana conmemorativa del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en IE University, a 17 de junio de 2022, en Madrid (España). Los a - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo
Publicado: martes, 29 noviembre 2022 11:37

Volvió a su plaza en la Audiencia Nacional, donde ha tenido que apartarse de causas como 'Kitchen' o 'Dina'

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia que aprobó los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña y que posteriormente regresó a la Audiencia Nacional para integrarse en la Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de las causas con políticos.

Campos, nacido Osuna (Sevilla) en 1961, permaneció en el Ministerio tan sólo un año y medio, un tiempo suficiente para conceder la medida de gracia a los líderes separatistas y para ver cómo se materializaba su salida de prisión. A su salida, dejó pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del delito de sedición, uno de sus retos de legislatura.

El exministro, elegido por el Gobierno para ocupar una de las cuatro plazas a renovar en el TC --junto a Laura Díez, nominada para otra--, negó en declaraciones a Europa Press tras su salida del Ejecutivo que se sintiese utilizado en la aprobación de los indultos.

"No, en absoluto (...). Insisto, solo tengo palabras de agradecimiento para el presidente. En absoluto me he sentido nunca utilizado", explicó a esta agencia de noticias en julio de 2021, añadiendo que tramitar las peticiones de indultos formuladas a favor de los presos del 'procés' "era una cuestión obligada" por ley.

Además de afrontar la tramitación de la medida de gracia, durante su etapa en el Ministerio Campo abordó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que pretendía adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea.

El cambio de modelo --que permanecía sin cambios desde el siglo XIX-- da todo el protagonismo al Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, y fue contestado por los fiscales y jueces dado que debe ir acompañado de un aumento de la plantilla puesto que tendrán más atribuciones y ha de llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Antes de llegar al Ministerio y de regresar a la Audiencia Nacional, Campo fue portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso durante tres legislaturas y además, aterrizó en Justicia conociendo la casa ya que fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011 durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, de 2001 a 2008 este jurista fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

ABSTENCIÓN EN CAUSAS CON TRASFONDO POLÍTICO

Tras su salida del departamento de Justicia, Campo regresó a la Audiencia Nacional, en concreto a la Sala de lo Penal. Debido a su pasado en política, el magistrado ha tenido que apartarse de causas o piezas con un trasfondo, precisamente, político.

En concreto, Campo decidió apartarse de 'Kitchen', la pieza separada de 'Tándem' donde se investiga el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, después de que el ex ministro 'popular' Jorge Fernández Díaz, principal imputado en este asunto, le recusara.

Campo también tuvo que apartarse al menos en otras dos ocasiones. Una de ellas, por el recurso de apelación presentado por Podemos contra el archivo de la pieza 'Carol', donde se investigaba el supuesto encargo de la ex amiga del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado José Manuel Villarejo para obtener información sobre una asistente española de la que sospechaba que la espiaba.

El exministro también fue nombrado ponente del recurso de apelación presentado por los periodistas procesados en 'Dina', otra pieza separada de 'Tándem' donde se indaga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora 'morada' Dina Bousselham desde que le robaron el móvil hasta que su información acabó publicada, si bien esta designación, que una vez más se debió al turno de reparto, fue corregida directamente por la Sala para situar en su lugar al magistrado Carlos Fraile.

LA LEY LE OBLIGABA A APARTARSE

En la propia Audiencia Nacional también se siguen otros procedimientos relacionados con la política, como en 'Púnica', 'Lezo' o el caso que tiene como principal investigado al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

El exministro estaba obligado a abstenerse de las denominadas causas políticas. La ley del Poder Judicial establece que los jueces que retomen sus funciones tras haber sido nombrados para "cargo político o de confianza" o elegidos para cargos públicos "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".

El propio ministro, en una entrevista para Europa Press, aseguró que no había ningún problema con su vuelta a la Audiencia Nacional en tanto que la ley establecía su obligación de abstenerse de todos los procedimientos "en los que estén los partidos o los representantes de los partidos". "Y después están los mecanismos tradicionales de abstención y recusación, son mecanismos que están ahí", añadió.

Durante el tiempo en el que ha permanecido en la Sala de lo Penal, Campo ha participado en más de un millar de autos y sentencias relacionadas eminentemente con el terrorismo, el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, organizaciones criminales y delitos de estafa.