Los jueces decanos demandan la creación de 400 Juzgados en toda España y "la adopción inmediata de nuevas tecnologías"

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de jueces decanos consideró hoy necesaria la creación de unos 400 órganos jurisdiccionales en toda España, dada "la importante carga de trabajo" existente, y apostó por "la adopción inmediata de nuevas tecnologías" que favorezcan la coordinación entre los Juzgados con el fin de evitar casos como el de 'Mari Luz'.

Además, representantes de la Judicatura y miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apostaron por "simplificar el complejo sistema de organización" de la Justicia existente en la actualidad.

Estas fueron algunas de las conclusiones a las que se llegó en la reunión preparatoria de jueces decanos que se desarrolló en Bilbao desde el pasado domingo, día 25, hasta hoy, y que expusieron en rueda de prensa los jueces decanos de Bilbao y Madrid, Alfonso González Guija y José Luis González Armengol, respectivamente, y los dos vocales del CGPJ para el País Vasco Juan Pablo González y Javier Martínez Lázaro.

En la comparecencia, González Armengol expresó "la gran preocupación" de los jueces decanos por la existencia de "una carga abrumadora de trabajo, en contraposición al número de órganos jurisdiccionales, que no llegan a cumplimentar las expectativas de trabajo".

A su juicio, existe también "una mala distribución de órganos judiciales en territorio estatal", pero "la tónica general es el déficit", y consideró necesario que se creen unos 400 Juzgados que deberían entrar en funcionamiento en los próximos dos años.

"A partir de ahí, habría que estudiar la evolución de las cargas de trabajo y hacer, incluso, modificaciones de órganos judiciales donde se ha detectado que existe un déficit de carga de trabajo", apuntó.

En referencia a la polémica surgida en torno al caso de Mari Luz y con el fin de evitar que se repita algo similar, exigió "la adopción inmediata de nuevas tecnologías en este tipo de materias" y solicitó "la conformación y ampliación de los juzgados especializados, mercantiles, juzgados de violencia sobre la mujer, etc".

Asimismo, Alfonso González Guija señaló que en las jornadas de decanos desarrolladas en Bilbao "no se ha pretendido, ni mucho menos, que el juez no tenga en ningún momento responsabilidad". Tras esta puntualización, señaló que se ha intentado consensuar unos acuerdos básicos y, en el debate, se ha expuesto que, "en esa exigencia de responsabilidades a los miembros de la carrera judicial, se deben tener en cuenta una serie de circunstancias", como que en diciembre de 2003, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "se desapodera al juez de lo que es la dirección de la oficina judicial".

De esta forma, según afirmó, "se han delimitado una serie de competencias entre los distintos integrantes de la oficina judicial, secretarios judiciales y personal judicial". "Puesto que eso, a día de hoy, sólo tiene una plasmación a nivel de LOPJ, pero, de hecho y de derecho, no lo tiene realmente en el funcionamiento, ni a nivel legislativo ni a nivel práctico, en ese tipo de exigencias de responsabilidades a los jueces se deben tener en cuenta esas situaciones, además del exceso de trabajo, el déficit de recursos materiales y la falta de informatización absolutamente necesaria", indicó.

En este contexto, indicó que los jueces son "seres humanos y el error está presente y estará presente, pero, no se puede, sin más, identificar 'error judicial' con 'error del juez'. "La idea es transmitir que 'el error judicial' no tiene por qué coincidir exacta y necesariamente con 'error del juez'", dijo.

RESPONSABILIDADES POLITICAS

En esta línea, Juan Pablo González destacó que "no se puede aceptar que, por errores o hechos desafortunados, en gran medida excepcionales o no generalizables, la Administración de Justicia en España, en modo alguno, pueda ser calificada como 'caótica' y sirva como pretexto para descalificar con carácter general el sistema o para eludir en los ámbitos políticos las propias responsabilidades".

"En los últimos años se ha avanzado muy poco en la necesaria modernización de la Justicia, no se han afrontado las reformas procesales pendientes, que son condición inexcusable para la puesta en marcha del nuevo modelo de organización judicial, es decir, no se han atendido las demandas de los ciudadanos", señaló.

Según precisó, "tampoco se ha producido, al hilo de esas reformas tan necesarias, una delimitación clara de las competencias y las responsabilidades en el seno de la organización judicial".

MODIFICAR LAS LEYES

Por su parte, el también vocal del CGPJ Javier Martínez Lázaro afirmó que "el problema" no radica "tanto en modificar las leyes" para que se endurezcan las penas "como hacer que se cumplan las que ya tenemos".

"El problema del caso Mari Luz, un caso tremendo, pone de manifiesto que hay un agujero en el sistema de organización, que los jueces que trabajan en una oficina judicial no saben lo que está pasando porque carecen de un sistema informático que le cuente lo que está pasando en la oficina de lado y todas estas cosas hay que solucionarlas", aseveró.

Por ello, abogó por realizar "una enorme apuesta por conseguir organizar y gestionar mejor la Administración de Justicia, todos los que tengan competencia para ello, el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas".

En este sentido, señaló que, si "todo esto se mejorase, no se tendría que hablar de la necesidad de incrementar las penas". "Sería preciso que el sistema fuera más fácil de gestionar porque, en un sistema con tantas cabezas y tantos dirigentes, es muy difícil lograr el consenso", añadió.

El juez decano de Bilbao consideró que "sería deseable en un futuro simplificar la concurrencia de tantas administraciones dentro de la Administración de Justicia". "Se trata de que, cuantos menos actores intervengan, sobre todo estamos hablando de política presupuestaria, en la Administración de Justicia, menos choques se pueden producir", dijo.

En su opinión, el Ministerio se debería dedicar a "fórmulas legislativas y demás", mientras que "la comunidades autónomas podrían tener al interlocutor real de los jueces", al CGPJ, para plantear sus necesidades.

En esta misma línea se manifestó González Armengol, que también apostó por "simplificar todo el maremagnum" y proceder a "una potenciación extraordinaria de las funciones del CGPJ", con autonomía presupuestaria.

"Y, a partir de entonces, todo el diseño de la planta judicial, los órganos judiciales que son convenientes en cada uno de los partidos judiciales, en cada una de las autonomías, lo va a decidir el que maneja el presupuesto y no el Ministerio de Justicia", señaló.

Además, subrayó que el órgano de gobierno de los jueces tendría, de esta forma, "la posibilidad de desarrollar la innovación tecnológica que precisan los tribunales del Estado español". Por ello, apostó porque el Ministerio "tenga exclusivamente la función de impulso legislativo y dejar el manejo de la Justicia en manos del Poder Judicial".

Por último, Martínez Lázaro quiso destacar, "en este momento de incertidumbre sobre la Justicia", el trabajo de los jueces y de los decanos particularmente, "que está dando unos magníficos resultados". En este sentido, resaltó que en el Estado español los jueces resolvieron el pasado año 8.259.781 asuntos, es decir, 400.000 más que en 2006, lo que supone que cada órgano judicial ha resuelto 62 asuntos más que el año anterior. Asimismo, precisó que en 2007 se dictaron 1.500.000 sentencias.

Además, recordó que mañana el CGPJ estudiará la propuesta del Ministerio de creación para este año de 146 nuevas unidades judiciales. "Es un esfuerzo y tendremos que evaluar si es suficiente", concluyó.