MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) manifestó hoy su rechazo a una enmienda introducida por el PSOE en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial que vincula las retribuciones variables de los jueces al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado durante los últimos años.
Esta modificación, que según JpD no ha sido negociada con las asociaciones, señala que, para obtener el "extra", todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo que no podrá ser nunca inferior al "rendimiento medio" del órgano judicial durante los cinco años inmediatamente anteriores a la modificación de la ley.
JpD califica de "preocupante" esta propuesta "por su visión injusta y oportunista de la carrera judicial y por lo que pretende imponer, tan alejado de lo que debiera ser el modelo laboral y retributivo de los jueces".
Critica que el derecho a una retribución variable para los jueces se lleve al "terreno de las obligaciones estrictas", y que se requiera a los miembros de la Carrera judicial "a que alcancen un denominado objetivo normalizado, lo que implica una presunción de bajo rendimiento judicial".
OBLIGACIÓN CRITICADA.
Este llamado "objetivo normalizado" es, para JpD, "una apuesta de mínimos", ya que se pasa de cobrar más quien más rendimiento alcanza a "resultar obligatorio alcanzar un mínimo que, curiosamente, es el equivalente al rendimiento medio de los últimos cinco años, corvirtiendo el habitual y mayoritario esfuerzo laboral de los jueces en un mínimo de partida, penalizando la tradicional voluntad judicial por afrontar dignamente la carga de trabajo que se le encomienda".
Finalmente, JPD considera que la propuesta tergiversa la idea de los módulos como instrumento de racionalización del trabajo judicial "para pretender implantar una idea productivista del desempeño judicial, en una cuenta de resultados en la que lo único importante es el número de sentencias al menor coste posible, con desprecio a la calidad, reflexión y ponderación de la labor de juzgar, con desprecio al esfuerzo de los últimos años, que se retribuye considerándolo tan sólo un mínimo de partida".
Este asunto fue también tratado en el último Pleno del Consejo General del Poder Judicial, donde el vocal Enrique López, como presidente de la Comisión de Organización y Modernización Judicial, rechazó la propuesta porque supone que "el esfuerzo extraordinario de hoy se convierte, por arte de estadística, en el esfuerzo ordinario y obligatorio del mañana".
Además, Lopez también señaló que la enmienda "supone colocar al Ministerio de Justicia como árbitro absoluto de la determinación de los objetivos a los que vienen obligados los jueces y magistrados, con grave quebranto de la concepción y funciones constitucionales del Consejo General del Poder Judicial", que comprenden "el establecimiento de las cargas razonables que puede recaer sobre un órgano judicial".